En medio de fuertes cuestionamientos y reacciones encontradas, el Senado de la República eligió este martes a la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC, como vicepresidenta de la Comisión Sexta. Su designación ha reavivado el debate nacional sobre los alcances del Acuerdo de Paz y la participación política de excombatientes que no han cumplido condena por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Ramírez, quien llegó al Congreso en 2018 gracias a las curules otorgadas por el Acuerdo de La Habana a la extinta guerrilla, ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por su papel durante la guerra y por haber accedido a un escaño sin haber pagado un solo día de cárcel. Para sectores políticos críticos, su elección constituye un acto de impunidad y una afrenta a las víctimas.
El senador antioqueño Esteban Quintero, se pronunció señalando que “Se le regaló una curul y ahora se le premia con un cargo de dignidad en el Congreso. Usted representa la impunidad”, haciendo énfasis en su rechazo y el de las bancadas opositoras al conocer la noticia. Según estos sectores, aceptar este tipo de nombramientos no solo desconoce el dolor de las víctimas del conflicto, sino que además envía un mensaje equivocado al país sobre la necesidad de asumir responsabilidades.
La controversia no es nueva. Desde la implementación del acuerdo de paz, diferentes voces han expresado su rechazo a que exmiembros de las FARC ocupen cargos de poder sin haber pasado por un proceso judicial que determine sus responsabilidades individuales. En este caso, los señalamientos apuntan a que Ramírez, en lugar de promover reconciliación, simboliza para muchos la falta de justicia.
Por su parte, defensores de la participación política de los excombatientes sostienen que la presencia de Ramírez y de otros integrantes del partido Comunes en el Congreso hace parte de lo pactado en La Habana y constituye un paso necesario para consolidar la transición hacia la vida civil y democrática de los desmovilizados.
La Comisión Sexta, en la que fue elegida como vicepresidenta, es clave en asuntos relacionados con telecomunicaciones, educación, cultura y medios de comunicación, lo que otorga a Ramírez una visibilidad política importante en el Legislativo.
El debate en torno a su elección vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre justicia, verdad, reparación y participación política, pilares del proceso de paz que siguen generando divisiones profundas en la sociedad colombiana.
