En un nuevo capítulo de lo que podría considerarse una serie de conflictos relacionados con la contratación pública, se ha destapado un millonario contrato otorgado a Juan Carlos Salamanca Torres, hermano del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca.
El contrato de prestación de servicios, que involucra el área de contabilidad del Congreso, generó una ola de cuestionamientos debido a su vinculación con una figura política prominente, cuyas decisiones y gestiones podrían estar influyendo en estos procesos.
El contrato en cuestión tiene un valor de $17.333.333 y está destinado a la ejecución de labores en el área de contabilidad del Congreso de la República.
A pesar de no estar directamente relacionado con la labor parlamentaria del Presidente de la Cámara, la adjudicación de este contrato levantó sospechas debido a la estrecha relación familiar entre Juan Carlos Salamanca y el alto dirigente político.
El acuerdo fue firmado el 7 de noviembre de 2024 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, cubriendo un plazo de 42 días.
Según lo estipulado en el proceso publicado en la plataforma SECOP II, el contrato se pagará en mensualidades vencidas, con un pago inicial de diez millones de pesos, proporcional al servicio prestado.
Además del vínculo con el Congreso, Salamanca también tiene un contrato con el Instituto Departamental de Deportes de Boyacá, cuyo monto asciende a $35.661.600, por un trabajo que se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2024.
En este último contrato, su función principal es la supervisión administrativa y financiera del programa departamental para el desarrollo del ciclismo.
Lo que inicialmente parece ser un contrato más de los muchos que se otorgan en las entidades estatales se complica cuando se analiza la relación de poder y cercanía entre los implicados.
Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, es oriundo de Boyacá y mantiene una fuerte relación política con el gobernador del departamento, Carlos Amaya, quien ha sido un respaldo clave en su ascenso al liderazgo en la Cámara.
Esta alianza política genera suspicacias, ya que algunos podrían ver en estos contratos una posible utilización de la influencia política para la obtención de beneficios familiares.
Para Santiago García, miembro de una veeduría ciudadana del Congreso, la adjudicación de estos contratos podría estar vinculada a un acto de tráfico de influencias, lo que constituiría un delito según el artículo 411 del Código Penal.
Este artículo establece penas de prisión de entre seis y doce años, multas que van de doscientos a mil salarios mínimos y la inhabilidad para contratar con el Estado por ocho años, para quienes alteren ilícitamente los procedimientos contractuales.
Este caso se suma a una creciente preocupación sobre el nepotismo y los conflictos de interés en el ámbito político. La presencia de figuras como Juan Carlos Salamanca en contrataciones públicas podría alimentar aún más las críticas a un sistema político donde las conexiones familiares y las influencias partidistas parecen jugar un rol más importante que la meritocracia y la transparencia en la asignación de recursos.
