La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la ejecución del proyecto destinado a la reducción y mitigación del riesgo en Mocoa, Putumayo, financiado con recursos del Sistema General de Regalías. El organismo de control concluyó que existió una gestión “ineficaz e ineficiente”, lo que derivó en hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales por $125.710 millones.
Los resultados surgieron tras una auditoría de cumplimiento y la atención a denuncias ciudadanas sobre el avance real de las obras. Según el informe oficial, durante las labores de vigilancia se evidenciaron “atrasos de casi 5 años en la ejecución de los proyectos, mala calidad de las obras y modificaciones arbitrarias”, así como fallas en la planeación, interventoría y supervisión.
El proyecto “Construcción de obras de reducción y mitigación del riesgo en el marco del Plan de Acción Específico (PAE) para la reconstrucción del municipio de Mocoa”, por valor total de $185.093 millones, fue ejecutado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Contraloría determinó que no existe “identificación clara de los soportes contables, jurídicos y técnicos” de las actividades realizadas, particularmente en la cuenca media baja, donde tampoco se registraron alertas por parte de la interventoría ni claridad sobre los recursos en poder de la entidad ejecutora.
El ente de control advirtió que las actividades desarrolladas “no se cumplieron con los períodos programados”, evidenciando un rendimiento muy inferior al esperado. El organismo concluye que, debido al atraso acumulado, no será posible culminar todas las obras previstas dentro del plazo establecido por el programa de reconstrucción.
El comunicado de la Contraloría señala que las obras debían desarrollarse de forma articulada para garantizar su efectividad, pero en la práctica se ejecutaron de manera “aislada”, lo que afectó la funcionalidad del proyecto. Incluso se alertó que algunas intervenciones no cumplen su propósito técnico, debido a que “el río tuvo una desviación en su cauce”, situación que incrementa el riesgo para la población de Mocoa ante posibles eventos similares a los de 2018.
La entidad fiscal determinó que la UNGRD —a través de la Fiduprevisora S.A., administradora de los recursos— realizó pagos a contratistas sin que se hubieran cumplido las finalidades principales del proyecto. Esta situación configura, según la Contraloría, un riesgo para la correcta ejecución del gasto público y para la protección de la comunidad.
“Los recursos del Estado fueron pagados sin haberse cumplido con la finalidad principal del proyecto”, concluye el documento oficial, al destacar que las deficiencias en la planeación y ejecución comprometen la efectividad del programa de mitigación del riesgo en Mocoa.
