El reciente deslizamiento ocurrido el 6 de mayo de 2025 en la Loma de Los Balsos, sector de El Poblado en Medellín, ha vuelto a poner bajo la lupa la responsabilidad sobre la conservación ambiental en zonas de alto riesgo. La Contraloría Distrital de Medellín ha confirmado que el deterioro del suelo en este lugar guarda relación directa con la tala de árboles denunciada el 6 de marzo de 2023 por IFMNOTICIAS.
Tras recibir la denuncia hace más de dos años, la Contraloría activó de inmediato su esquema de Vigilancia Fiscal Ambiental, desplazándose al predio ubicado en la Loma San José María Escrivá. En su inspección de ese momento, recuerda el contralor distrital Pablo Garcés, se constató que se trataba de un terreno privado donde se habían talado 37 árboles. Aunque la intervención contaba con autorización de la autoridad ambiental en el gobierno de Daniel Quintero, se estableció como obligación para el propietario la siembra de 74 árboles nativos, en cumplimiento de las medidas de compensación ambiental. Eso fue en el 2023.
El ente fiscalizador distrital, destacó la celeridad con la que se actuó frente a la denuncia, subrayando que su papel no solo es de control posterior, sino también de acompañamiento preventivo para salvaguardar el patrimonio ambiental público. No obstante, aunque la reforestación estaba definida, el reciente deslizamiento pone en evidencia que la responsabilidad sobre el deterioro del suelo recae sobre el privado que ejecutó la tala y en las entidades que debieron controlar si se cumplió o no con la obligación de remplazar los árboles talados con 74 ejemplares.
La Contraloría distrital señaló que, apoyada por los registros del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAGRD, ha intensificado la vigilancia a través de su Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Ambiental. Esta medida ha buscado garantizar que se cumplan las obligaciones de reposición y se mitiguen los riesgos generados por intervenciones humanas en ecosistemas vulnerables, según indicó.
El caso de Los Balsos pone sobre la mesa la relevancia de hacer valer las responsabilidades ambientales privadas, ya que los efectos de una tala autorizada, pero mal manejada, no solo impactan un predio, sino que pueden desencadenar emergencias que afectan a toda la comunidad. La vigilancia estatal, por tanto, no solo vela por el cumplimiento formal de las normas, sino por preservar un patrimonio natural que, cuando se pierde, amenaza directamente la seguridad y calidad de vida de los habitantes.
