Durante su intervención en la Convención Bancaria y de Entidades Financieras, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó que no existe justificación técnica ni legal para que el Gobierno nacional active la cláusula de escape contemplada en la regla fiscal.
Esta figura, que permite suspender temporalmente los límites al déficit fiscal en situaciones excepcionales, ha sido mencionada por voceros del Ejecutivo como una posible salida ante las restricciones de caja que enfrenta el Estado.
“Ya la regla fiscal tiene en su metodología elementos que recogen los efectos de la coyuntura actual, como el ciclo petrolero de los bajos precios y la menor estimación de crecimiento económico”, indicó Rodríguez. Según dijo, activar la cláusula sin que se cumplan sus requisitos podría restarle efectividad y credibilidad a la regla fiscal.
El pronunciamiento se da en medio de crecientes preocupaciones sobre el estado de las finanzas públicas, especialmente frente al presupuesto de 2025. De acuerdo con la Contraloría, además de las restricciones actuales, el país carga con un segundo presupuesto no oficial: más de 60 billones de pesos en compromisos adquiridos durante el año pasado, que aún están pendientes de pago.
La Contraloría también reveló hallazgos preliminares derivados de una auditoría a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en los que se identificaron inconsistencias relevantes. Entre ellas, figuran anomalías en declaraciones tributarias y aduaneras, operaciones sospechosas vinculadas a empresas no reguladas y transacciones con criptomonedas, así como fallas en la trazabilidad de grandes contribuyentes.
Rodríguez informó que la entidad comenzará un monitoreo permanente sobre la ejecución presupuestal, con énfasis en contratos estatales, convenios interadministrativos y anticipos. Esta vigilancia tendrá como objetivo evitar que los recursos públicos terminen siendo utilizados para financiar campañas políticas de cara a las elecciones del próximo año.
La Contraloría no descartó la apertura de procesos fiscales formales en caso de encontrar elementos constitutivos de responsabilidad. La estrategia de control se implementará mediante herramientas de análisis informático y seguimiento digital de la contratación pública.
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