La Contraloría General de la República informó que las operaciones con títulos de deuda realizadas por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025 y enero de 2026 “encajan dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo” y cumplieron con los requisitos legales vigentes.
En un comunicado de prensa, el organismo de control señaló que, en el marco de su seguimiento al manejo presupuestal y a las operaciones de crédito público, revisó las transacciones efectuadas en ese periodo y constató que su finalidad fue “contribuir a mitigar el riesgo de liquidez de la Nación”.
De acuerdo con la Contraloría, debido a los bajos niveles de depósitos registrados —$1,44 billones al 8 de diciembre de 2025—, el Ministerio de Hacienda realizó una operación de tesorería que consistió en la venta de una parte de su portafolio de TES B por $23,24 billones, con el objetivo de fortalecer la liquidez del Gobierno. La entidad precisó que esta operación “no implicó la emisión de nueva deuda”, aunque destacó que, si bien la compraventa de títulos es una práctica habitual, lo que distinguió este caso fue “el elevado monto transado”.
El organismo explicó que el bajo nivel de los depósitos ha sido constante durante la vigencia 2025 y es resultado de mayores pagos presupuestales, presionados por las altas reservas constituidas en 2024, que ascendieron a $61,7 billones, así como de unos ingresos corrientes “menos dinámicos de lo esperado”, tras una revisión a la baja de las metas tributarias.
Otro aspecto señalado por la Contraloría fue que en esta operación se recibió una parte en dólares y otra en pesos: USD 5.000 millones que se mantendrán inicialmente en el exterior y se irán monetizando de manera paulatina, y $3,87 billones que ingresaron a los depósitos locales de la Nación.
En cuanto a la vigencia 2026, el ente de control indicó que el plan financiero contemplaba que el Gobierno requería USD 13.096 millones en recursos de crédito externo para su financiamiento, de los cuales USD 9.000 millones se obtendrían mediante la emisión de bonos globales. En ese contexto, se realizó una emisión de bonos externos por USD 4.950 millones, una operación que “sí implica endeudamiento” y que cubrirá parte de las necesidades de recursos externos previstas en el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso.
La Contraloría determinó que esta emisión de deuda también cumplió con los requisitos legales, ya que fue autorizada por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y no excedió el cupo global de endeudamiento externo aprobado, fijado en USD 87.607 millones.
En su balance, el organismo de control destacó que estas operaciones permiten que Colombia siga siendo responsable con el pago de su deuda, “como históricamente ha sucedido”, incluyendo al actual Gobierno. No obstante, advirtió sobre los esfuerzos fiscales que deberán realizarse en los años 2029, 2031 y 2033 para cumplir con los pagos de deuda.
Según la Contraloría, preocupa la acumulación de vencimientos para 2029, año en el que se concentran elevadas cancelaciones de bonos globales y TES que obligarían al Estado colombiano a pagar aproximadamente $89,6 billones. Además, señaló que la inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación es cercana al 93% del total y que, “si el comportamiento de los ingresos y del recaudo no crece, las posibilidades de inversión social en los nuevos Planes de Desarrollo se van a ver comprometidas”.
