La Contraloría General de la República entregó su informe de vigilancia fiscal sobre la compra de 17 aeronaves Gripen por parte del Gobierno Nacional y concluyó que el proceso contractual adelantado con la empresa sueca Saab se ajustó a los criterios evaluados por el órgano de control. El contrato, suscrito en noviembre del año pasado, supera los 16 billones de pesos y está destinado al fortalecimiento de las capacidades aéreas de la Fuerza Pública.
La adquisición generó un amplio debate público desde su anuncio, principalmente por el alto costo de la operación y por el contraste con posiciones previas del presidente Gustavo Petro, quien en el pasado había cuestionado la compra de aviones de combate y ha impulsado una política de diálogo con grupos armados. No obstante, la Contraloría centró su análisis en el uso y la protección de los recursos públicos, sin pronunciarse sobre consideraciones políticas.
De acuerdo con el informe, el ente de control tuvo acceso a la información contractual pese a las cláusulas de confidencialidad incluidas en el acuerdo. La Contraloría recordó que la reserva de documentos no puede ser utilizada para limitar las funciones constitucionales y legales de control fiscal, lo que permitió una revisión detallada del proceso.
El organismo explicó que, antes de la firma del contrato, el Ministerio de Defensa evaluó propuestas de fabricantes de aeronaves de Estados Unidos, Francia, España y Suecia. Sin embargo, solo las ofertas presentadas por Saab y por la empresa francesa Dassault contaban con información técnica y financiera suficiente para realizar un análisis comparativo completo.
Tras esa evaluación, la propuesta de Saab fue considerada la más favorable para el país. Según la Contraloría, el factor determinante fue que se trataba de la opción más económica entre las analizadas y la que ofrecía un cronograma de entrega más corto para las aeronaves. El contrato se firmó a precio fijo, con vigencias futuras debidamente aprobadas, lo que brinda certidumbre financiera sobre el valor total de la operación.
El informe también resalta que la compra no se limita a las aeronaves. El acuerdo incluye 17 aviones nuevos, entrenamiento técnico y operacional para el personal, soporte logístico integral y armamento estratégico de última generación. Adicionalmente, se pactaron compensaciones industriales, sociales y militares que no incrementan el valor del contrato.
Con este pronunciamiento, la Contraloría concluye su revisión fiscal del proceso, señalando que, dentro de su competencia, la contratación con Saab cumplió los criterios evaluados. La entidad reiteró que continuará ejerciendo control sobre la ejecución de los recursos públicos, mientras el contrato entra en su fase de desarrollo e implementación.
