La Contraloría General de la República decidió archivar el proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por un presunto detrimento patrimonial relacionado con la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en el municipio de Rionegro. Los hechos investigados corresponden al periodo en el que Rendón se desempeñó como alcalde, entre los años 2016 y 2019.
La decisión del ente de control concluyó que no existió daño patrimonial al Estado, razón por la cual se ordenó el cierre definitivo del proceso. Según el fallo, las obras cuestionadas, los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, fueron ejecutadas, recibidas formalmente y actualmente se encuentran destinadas a su finalidad institucional, prestando servicio a la comunidad.
La Contraloría explicó que uno de los elementos clave para archivar el caso fue la inexistencia de pérdida de recursos públicos. De acuerdo con el análisis técnico y jurídico, los bienes construidos existen, fueron entregados y se encuentran habilitados administrativamente, lo que descarta cualquier menoscabo al patrimonio estatal. En ese sentido, la entidad precisó que, al no demostrarse un daño concreto al erario, no es posible declarar responsabilidad fiscal.
El proceso se había iniciado ante sospechas de un presunto detrimento cercano a los 1.200 millones de pesos, asociado a retrasos en la entrada en funcionamiento de los CAI y a supuestas deficiencias en la planeación de las obras. En el caso del CAI de San Antonio de Pereira, se estimaba un posible daño por aproximadamente 836 millones de pesos, bajo el argumento de que el proyecto no contaba inicialmente con conceptos de viabilidad de la Policía Nacional y que no había prestado servicio de forma inmediata.
Para el CAI de Cuatro Esquinas, la Contraloría había calculado un presunto detrimento de alrededor de 433 millones de pesos, al considerar que la infraestructura no cumplía oportunamente su fin social debido a fallas en la planeación.
Durante el proceso, Andrés Julián Rendón rindió versión libre ante la Contraloría y solicitó el archivo del expediente, argumentando que los bienes sí fueron utilizados conforme al propósito para el cual fueron construidos, permitiendo la presencia institucional de la Policía Nacional en las zonas de influencia.
El fallo dejó claro que contra esta decisión no procede recurso alguno. No obstante, la Contraloría advirtió que, si en el futuro aparecen nuevas pruebas que contradigan los fundamentos del archivo o se demuestra que la decisión se basó en información falsa, el proceso podría reabrirse conforme a la Ley 610 de 2000.
Pese al archivo en el ámbito fiscal, el gobernador Rendón continuará vinculado a una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos, la cual sigue en curso y contempla actuaciones como interceptaciones telefónicas.
