La Contraloría General de la República alertó sobre un nuevo reporte de recursos públicos comprometidos en fiducias que no han sido ejecutados. De acuerdo con el organismo de control, a diciembre de 2024 se identificaron $4,84 billones inmovilizados de un total de $13,48 billones comprometidos en 787 negocios fiduciarios.
Según el comunicado oficial, “del universo de $13,48 billones (787 negocios fiduciarios), se encontró que $4,84 billones (correspondientes a 156 negocios fiduciarios), estarían inmovilizados de acuerdo con la muestra tomada por la CGR”. La advertencia hace parte de un estudio que analizó la gestión y ejecución de estos recursos públicos con corte a diciembre de 2024.
La Contraloría explicó que la muestra analizada corresponde a $390.265 millones de pesos. En ese universo, el Ministerio de Vivienda aparece como la entidad con mayor cantidad de recursos inmovilizados, con $165.255 millones, lo que representa el 42% del total evaluado. En cuanto a las fiduciarias, Scotiabank Colpatria concentra la mayor administración de recursos inmovilizados, con $168.081 millones, equivalentes al 43%.
El organismo de control advirtió que la inmovilización de estos recursos tiene efectos directos sobre la ejecución de políticas públicas. En el documento se señala que “cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza, afectando directamente el Gasto Público Social (GPS) y la calidad de vida de los ciudadanos”.
El estudio fue presentado en Bogotá el 13 de enero de 2026 y concluye que la situación genera un doble impacto negativo para el Estado. La Contraloría indicó que esta problemática deriva en “pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal y la pérdida de eficacia social”.
De acuerdo con el análisis, uno de los principales efectos de la inmovilización de recursos se refleja en el costo de oportunidad. El comunicado explica que “la pérdida económica se manifiesta en el costo de oportunidad, dado que el rendimiento real de los fondos inmovilizados en portafolios de baja rentabilidad, es muy inferior al valor público que generarían si se ejecutaran”.
La Contraloría precisó que los recursos públicos que permanecen sin ejecución en esquemas fiduciarios no solo dejan de cumplir su propósito social, sino que también limitan la capacidad del Estado para responder a necesidades prioritarias en sectores como vivienda, salud e infraestructura. La falta de ejecución impacta directamente la eficiencia del gasto público y reduce el alcance de los programas financiados con estos recursos.
El informe hace parte de las acciones de seguimiento que adelanta la Contraloría General de la República sobre el uso y la administración de los recursos públicos, con el objetivo de identificar riesgos fiscales y advertir sobre situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los fines del Estado. La entidad reiteró la necesidad de mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos comprometidos en fiducias, con el fin de evitar su inmovilización y garantizar que cumplan su función social.
