La situación financiera de la red pública hospitalaria del país encendió nuevas alarmas luego de que la Contraloría General de la República revelara un informe que da cuenta de un deterioro fiscal significativo. Según el ente de control, en los últimos meses la deuda acumulada de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con los hospitales públicos aumentó en cerca de 4 billones de pesos, profundizando las dificultades de liquidez que enfrenta el sistema.
El informe señala que las EPS intervenidas por el Gobierno concentran una parte sustancial de estas obligaciones, sin que hasta ahora se evidencien avances claros en la reducción de la cartera vencida. Para la Contraloría, este comportamiento refleja debilidades estructurales en el modelo de aseguramiento y en los mecanismos de control y pago, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios de salud, especialmente en regiones donde la red pública es la principal, y en algunos casos la única, opción de atención para la población.
En este contexto, el municipio de Rionegro, en el oriente antioqueño, se convirtió en uno de los casos más recientes en los que la situación derivó en acciones judiciales. Tras la intervención de la Personería Municipal, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción popular y decretó una medida cautelar contra el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
La decisión judicial se fundamenta en la deuda que mantienen la Nueva EPS y Savia Salud con la red hospitalaria de Rionegro, la cual asciende a $278.524 millones. De acuerdo con lo informado, el Tribunal otorgó un plazo de 10 días a las entidades demandadas para que presenten un informe “proporcional, justo y razonable” en el que detallen las acciones concretas que se adoptarán para mitigar los riesgos financieros y garantizar el flujo de recursos hacia los hospitales del municipio.
Desde la Personería de Rionegro se indicó que el objetivo de la acción popular es lograr la materialización del pago total de la deuda y proteger el derecho fundamental a la salud de los usuarios, así como la estabilidad financiera de las instituciones hospitalarias, que han tenido que operar durante meses con recursos limitados.
El informe de la Contraloría también advierte que la Nueva EPS figura como la principal deudora dentro del sistema, aunque el problema se extiende a otras EPS intervenidas. Según el organismo de control, lejos de disminuir, las obligaciones financieras de estas entidades han continuado creciendo, lo que incrementa la presión sobre hospitales y clínicas públicas.
Mientras avanzan los requerimientos judiciales y los pronunciamientos de los entes de control, la red hospitalaria sigue a la espera de soluciones que permitan aliviar la carga financiera y garantizar la continuidad de los servicios de salud en los territorios.
