La Contraloría General de la República advirtió un serio riesgo para el cumplimiento de las primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), debido a un profundo desfinanciamiento en los recursos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Según el ente de control, para el año 2026 existe un faltante presupuestal del 83,6%, situación que compromete la ejecución real de las medidas restaurativas y reparadoras ordenadas por la justicia transicional.
La alerta surge de un seguimiento especial que adelanta la Contraloría a los compromisos derivados del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas FARC-EP y a las decisiones adoptadas por la JEP. En este ejercicio, el organismo identificó fallas significativas tanto en la entrega de bienes comprometidos por la exguerrilla como en su posterior monetización, recursos que están destinados a resarcir a las víctimas reconocidas en los fallos.
De acuerdo con el análisis, las sentencias proferidas por la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento de Verdad de la JEP contemplan acciones restaurativas y reparadoras cuyo costo estimado asciende a 121.858 millones de pesos. No obstante, para la vigencia 2026 solo se cuenta con cerca de 20.000 millones de pesos disponibles, una brecha financiera que, según la Contraloría, limita de manera sustancial la posibilidad de cumplir lo ordenado por el tribunal.
Otro aspecto crítico señalado tiene que ver con el manejo de los bienes entregados por las FARC para la reparación de las víctimas. En virtud del Acuerdo de Paz, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) fue designada como administradora de estos bienes, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) es la entidad beneficiaria. Sin embargo, el ente de control evidenció diferencias notorias entre los activos comprometidos y los efectivamente entregados y convertidos en recursos líquidos.
Como ejemplo, la Contraloría indicó que de los 12.000 millones de pesos que debían entregarse en efectivo, solo se han recibido 2.000 millones. En cuanto al oro, de los 440.000 gramos comprometidos, únicamente se han entregado 252.000 gramos. Estas brechas, advierte el organismo, reducen de forma directa la capacidad del Estado para garantizar la reparación ordenada por la JEP.
Finalmente, la Contraloría señaló que el incumplimiento en la entrega y monetización de los bienes comprometidos pone en entredicho la efectividad de los principios de verdad, justicia y reparación. Además, genera incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema de justicia transicional y plantea riesgos frente a la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado.
