La Contraloría General encendió las alarmas sobre una posible crisis energética que podría afectar a cerca de 10 millones de personas en Colombia, especialmente en la región Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño, en el departamento del Vichada. La advertencia se relaciona con retrasos significativos en el pago de subsidios a las empresas encargadas de prestar el servicio de energía eléctrica.
Durante un foro sobre tarifas de energía y gas, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, explicó que el incumplimiento por parte del Gobierno en los giros a las compañías prestadoras del servicio ha provocado una situación financiera crítica para estas entidades. De seguir esta tendencia, podrían presentarse racionamientos o incluso la interrupción del servicio en zonas que ya han vivido episodios similares.
Uno de los factores de mayor preocupación es el retraso en el reembolso de los recursos no recaudados mediante la llamada «opción tarifaria», una medida adoptada durante la pandemia para evitar aumentos en las facturas del servicio. Esta deuda, aún no saldada por el Gobierno Nacional, ha limitado la capacidad operativa de las empresas del sector.
A esta problemática se suman los incumplimientos de algunos operadores de red con el mercado mayorista, lo que ha generado restricciones por parte de los generadores de energía y ha afectado especialmente a las empresas que operan en la Costa Caribe. Esta cadena de fallas compromete la confiabilidad del sistema eléctrico en varias regiones del país.
Otro dato preocupante revelado por la Contraloría es el incremento del 44% en la demanda de subsidios energéticos durante la última década, lo que ha intensificado la presión sobre las finanzas públicas. Este aumento no ha estado acompañado de una mejora proporcional en la gestión presupuestal para cubrir dichas obligaciones.
La interrupción del suministro tendría consecuencias graves en sectores vitales como salud, educación, comercio y acueductos, dada la alta dependencia de estos servicios del suministro eléctrico. Las poblaciones vulnerables, especialmente aquellas de los estratos 1, 2 y 3, serían las más afectadas ante eventuales aumentos tarifarios o cortes en el servicio.
Frente a este panorama, la Contraloría insiste en la necesidad de un mayor control fiscal sobre los recursos del esquema de subsidios y exige respuestas concretas por parte de los ministerios de Minas y Hacienda. La creación de una mesa de trabajo interinstitucional busca dar seguimiento a las advertencias emitidas y prevenir una posible crisis energética de gran escala.
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