La Contraloría General de la República anunció la activación de un seguimiento especial a los recursos públicos destinados a la atención de la actual emergencia invernal, en medio del recrudecimiento de la temporada de lluvias en distintas regiones del país.
El organismo informó que el control busca monitorear de manera permanente la ejecución presupuestal dirigida a la respuesta humanitaria y logística frente a la contingencia.
Según explicó la entidad, el mecanismo consiste en un examen continuo de la información relacionada con la inversión de los recursos asignados para la atención de desastres. Este procedimiento incluye la recolección y análisis sistemático de datos con el propósito de contrastar los resultados esperados con el avance de la ejecución en tiempo real y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes de atención.
Como parte de este proceso, la Contraloría solicitó a la UNGRD información detallada sobre la planeación operativa para enfrentar la emergencia. Además, anunció su participación en los Puestos de Mando Unificado y en las salas de crisis activadas en departamentos que han declarado calamidad pública, con el fin de acompañar el seguimiento institucional de las acciones adoptadas.
El ente de control advirtió que uno de los principales retos identificados es la articulación entre los niveles municipal, departamental y nacional en la ejecución de las ayudas. Indicó que la coordinación entre las autoridades territoriales y la Unidad de Gestión del Riesgo resulta determinante para garantizar la comunicación entre las entidades responsables de la atención.
La Contraloría también señaló que la entrega de ayudas humanitarias no ha cubierto la totalidad de las zonas afectadas y reportó la existencia de sectores que aún no han recibido kits de alimentación.
Frente a denuncias relacionadas con la distribución de apoyos, la entidad informó que mantiene vigilancia sobre estos procesos e invitó a la ciudadanía a reportar irregularidades en la entrega de ayudas, en la elaboración de censos de damnificados y en la asignación de maquinaria destinada a obras de mitigación.
En el análisis presupuestal, el organismo identificó que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone para la vigencia 2026 de recursos por 1,69 billones de pesos. A esta cifra se suman reservas presupuestales del año 2025 cercanas a un billón de pesos, montos que podrían utilizarse de manera inmediata en la medida en que no estén comprometidos o puedan ajustarse mediante modificaciones contractuales.
La entidad señaló que estos recursos permitirían atender necesidades urgentes mientras se implementa una eventual declaratoria de emergencia por desastre natural a nivel nacional.
Adicionalmente, informó que realizará verificación sobre el destino de los recursos que se recauden si se adoptan medidas económicas o tributarias en el marco de un decreto de emergencia, con el fin de asegurar que los fondos se destinen exclusivamente a la atención de la contingencia.
