La presentación del programa de “Paz Urbana” por parte del presidente Gustavo Petro en Medellín ha generado una cadena de reacciones, luego de que jefes de estructuras criminales fueran trasladados desde centros penitenciarios hasta la sede administrativa de La Alpujarra para participar en un acto público.
El evento, realizado el pasado sábado, incluyó intervenciones desde la tarima por parte de personas identificadas como miembros de organizaciones delictivas activas.
Durante una alocución de cerca de dos horas y media, el mandatario se refirió a funcionarios de la Alcaldía de Medellín y de la Fiscalía Regional, a quienes señaló como presuntos obstáculos para la implementación de su iniciativa. En uno de los apartes de su discurso, cuestionó la relación entre autoridades locales y decisiones judiciales.
Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no ha emitido una comunicación oficial sobre los procedimientos que permitieron estas salidas.
Desde distintas instancias institucionales y políticas se han pronunciado sobre los hechos como la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien manifestó su preocupación por la exposición pública que se le otorgó a personas señaladas de graves delitos, y reiteró la necesidad de trabajar por una paz urbana que respete los derechos de las víctimas y la institucionalidad. “Más que una desarticulación, se percibe una rivalidad política”, indicó.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, también expresó su posición: “En lugar de subir a la tarima a jefes de organizaciones delincuenciales activas, lo que Colombia necesita es que rodeemos a las instituciones y apoyemos a los organismos de seguridad, a los jueces y a los fiscales”.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) emitió un pronunciamiento en el que advierte sobre los riesgos de trasladar internos para eventos públicos, señalando que ello representa una posible afectación a la moral de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
La controversia alcanzó el Congreso de la República. El representante por Antioquia, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, reiteró su rechazo al evento y afirmó que se trata de un mensaje desafiante hacia el departamento. “Hay una gran diferencia entre que existan diálogos con esas estructuras y que sean llevados a un evento público con el Presidente de la República”, afirmó.
Cadavid insistió en que no hay justificación legal para que condenados por delitos graves participen en actos públicos: “Es una cuestión muy diferente dar una vocería a personas que se encuentran condenadas, a darles un micrófono para que den un discurso al lado del presidente del país”. Añadió que “el Gobierno fue a hacerle un desafío a Antioquia. No existe marco jurídico para darle beneficios a miembros de bandas criminales condenados”.
En una entrevista, el representante aseguró: “El Gobierno se ha dedicado a afectar la institucionalidad del país. La discusión no es si esos jefes del crimen tenían autorización presidencial, sino si la tenían del Inpec. Lo que ofende al pueblo antioqueño y colombiano es ver a quienes controlan la criminalidad en la región echando discursos al país”.
El Congresista calificó lo sucedido como un mensaje “desafiante” al departamento de Antioquia y reiteró la falta de un marco jurídico que respalde beneficios para personas condenadas por delitos graves. “Una cosa es conversar con esas estructuras, otra muy distinta darles micrófono en un evento presidencial”, indicó.
A sus señalamientos se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien también rechazó el acto en La Alpujarra. A través de un pronunciamiento, manifestó: “Los aliados de un gobierno que solo produce vergüenza. En un país donde el gobierno prefiere pactar con criminales en lugar de proteger a los ciudadanos, el único camino digno es decir la verdad sin temor. Hoy, Colombia es testigo de un Estado que ha confundido el concepto de paz con el de rendición”.
Cabal cuestionó que mientras la mayoría de los colombianos trabaja por superar las dificultades del día a día, “el gobierno se sienta a negociar con los responsables del dolor, el secuestro, el asesinato y el narcotráfico ¿A cambio de qué? De promesas vacías que nunca se cumplen”.
La Senadora enfatizó que el único aliado legítimo del Estado debe ser el ciudadano honesto: “El trabajador, el campesino, el emprendedor, no los bandidos que desde las cárceles o desde la clandestinidad pretenden comprar impunidad con discursos disfrazados de reconciliación”.
Finalmente, señaló que “la paz no se negocia, se impone con la fuerza legítima del Estado”. Y agregó: “Las negociaciones con grupos terroristas como las FARC y el ELN han sido un fracaso rotundo. Lejos de traer paz, han incubado nuevas violencias, nuevas disidencias, y han fortalecido al narcotráfico, el verdadero combustible de todas las guerras en Colombia”.
Hasta el momento, la fiscal general Luz Adriana Camargo no se ha pronunciado sobre la invitación del presidente Petro de acudir a los centros penitenciarios para explorar posibles vías jurídicas en el marco del proceso de paz urbana. La propuesta del jefe de Estado contempla estudiar mecanismos dentro de la normatividad vigente para ofrecer beneficios a cambio de la dejación de armas, cese de asesinatos y extorsiones.
El Gobierno no ha entregado detalles adicionales sobre el traslado de los internos ni sobre los procedimientos adoptados para su participación en el evento, mientras que la controversia sigue creciendo en distintos sectores del país.
