La audiencia judicial, que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y a otros diez procesados, fue retomada este lunes después de haber sido suspendida el 19 de febrero hasta hoy, por el receso de Semana Santa. El proceso busca avanzar hacia la formalización de la acusación e imputación de cargos en contra del exmandatario y otros implicados, en medio de una controversia que ha girado en torno al papel de la Alcaldía de Medellín como presunta víctima.
La suspensión previa de la diligencia judicial se produjo tras una solicitud presentada por la defensa de Quintero. En esa ocasión, sus abogados pidieron al juez que se negara la participación de los representantes de la Alcaldía como parte víctima, argumentando la existencia de un posible conflicto de intereses. Según la defensa, la participación de la administración municipal vulneraría la neutralidad del proceso debido a que la Alcaldía, bajo la actual gestión de Federico Gutiérrez, podría estar influenciada por intereses.
No obstante, al retomar la audiencia, el juez del caso resolvió que la Alcaldía de Medellín sí puede actuar en calidad de víctima en el proceso. En su pronunciamiento, el magistrado aclaró que no se trata de una cuestión personal vinculada al alcalde en ejercicio, sino de la entidad administrativa como tal, la cual está legitimada para ejercer su representación y presentar observaciones durante la audiencia.
La defensa apela la decisión del juez
Aunque el abogado defensor de Daniel Quintero expresó su aceptación formal de la decisión, dejó constancia de su desacuerdo argumentando que persisten elementos que, a su juicio, constituyen un conflicto de intereses. En esta ocasión, la defensa enfocó sus reparos en el abogado que representa a la Alcaldía, quien habría participado en actuaciones jurídicas anteriores vinculadas al caso.
De manera inmediata, la defensa presentó un recurso de apelación solicitando la revisión de la decisión, y advirtió sobre eventuales vicios que podrían conducir a la anulación de la actuación judicial si la Alcaldía persiste como parte reconocida. En paralelo, otro de los defensores planteó que la Alcaldía no puede alegar ser víctima, ya que fue la misma entidad la que firmó los contratos que hoy son objeto de investigación. Incluso insinuó que los hechos que motivan la imputación de cargos se originaron en administraciones anteriores, deslizando que la lupa debería apuntar a la gestión previa encabezada por Federico Gutiérrez en su primer mandato.
La Fiscalía y el Ministerio Público respaldan la decisión
Frente a estas objeciones, la Fiscalía General de la Nación aclaró que sí había valorado los posibles conflictos de intereses y que, para garantizar transparencia, la determinación formal sobre la calidad de víctima podría definirse en etapas posteriores del proceso. El ente investigador señaló que la audiencia de imputación podía continuar con la Alcaldía como interviniente, sin que ello implicara una vulneración de garantías procesales.
Por su parte, el representante legal de la Alcaldía sostuvo que la investigación se centra exclusivamente en actuaciones ocurridas durante la administración de Daniel Quintero. Subrayó que los argumentos de la defensa buscaban sembrar confusión al mezclar el rol institucional de la Alcaldía con la figura del actual alcalde, dejando claro que la víctima reconocida es la entidad pública y no una persona.
El Ministerio Público respaldó la posición adoptada por el juez, enfatizando que la decisión no vulneraba el debido proceso y que, en esta etapa, la participación de la Alcaldía estaba amparada legalmente. La Procuraduría también aclaró que los señalamientos formulados por los defensores se dirigían hacia personas naturales, no hacia la entidad territorial.
La audiencia continúa en medio de apelaciones
El juez ratificó su decisión de avanzar con la audiencia, tras concluir que no existe evidencia de un conflicto de intereses que amerite impedir la participación de la Alcaldía como víctima. Sin embargo, el recurso de apelación interpuesto por la defensa quedó formalizado, por lo que otro despacho deberá resolverlo en las próximas instancias.
Pese a esta discusión, la audiencia no se detuvo, dado que la normativa permite que la condición de víctima pueda definirse o modificarse en cualquier momento dentro de las etapas procesales. El caso, que ha despertado gran interés en la opinión pública por su trasfondo político y contractual, continuará su curso judicial en las próximas jornadas.
