El Consejo Gremial Nacional radicó el martes 13 de enero de 2026 una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se decrete la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica el pasado 22 de diciembre.
La petición fue dirigida al presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y está firmada por Camilo Armando Sánchez Ortega, presidente y representante legal del gremio.
En el documento, el Consejo Gremial solicitó que la suspensión provisional no solo recaiga sobre el decreto que declaró la emergencia, sino también sobre los decretos legislativos que el Ejecutivo expida con fundamento en esa declaratoria, mientras la Corte adopta una decisión definitiva sobre su exequibilidad.
Según lo expuesto, el objetivo de la solicitud es preservar el orden constitucional y garantizar el respeto por los principios que rigen el uso de los poderes de excepción. El escrito señala que la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025 resulta necesaria para evitar efectos que, a juicio del gremio, podrían afectar el principio democrático, la separación de poderes y la legalidad tributaria.
En ese sentido, el Consejo Gremial plantea que permitir la aplicación inmediata del decreto y de las medidas derivadas de este podría generar distorsiones económicas y un escenario de inseguridad jurídica que incida en las decisiones de inversión y en el funcionamiento del sistema económico.
Dentro de los argumentos presentados, el gremio hace referencia al principio de proporcionalidad en sentido estricto, indicando que, en este caso, los beneficios de una suspensión provisional superarían las eventuales desventajas. El documento sostiene que la medida cautelar no implicaría un perjuicio para el interés general y, por el contrario, contribuiría a asegurar el cumplimiento de la supremacía de la Constitución y el control constitucional de los actos del Ejecutivo.
La solicitud también señala que la suspensión provisional impediría que el uso de los poderes excepcionales se convierta en una práctica recurrente y que las normas expedidas al amparo de la emergencia se consoliden como reglas permanentes sin un pronunciamiento previo del alto tribunal.
En esa línea, el Consejo Gremial expone que la adopción de medidas tributarias bajo este mecanismo requiere un examen riguroso por parte de la Corte Constitucional antes de su aplicación.
El documento pide, además, que la eventual suspensión provisional sea decretada por la mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional y que la iniciativa sea propuesta por alguno de ellos ante la Sala Plena, conforme a los requisitos establecidos para este tipo de decisiones.
La solicitud permanecerá en estudio mientras el alto tribunal define si adopta la medida cautelar solicitada y avanza en el análisis de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto 1390 de 2025.
