El Consejo Gremial Nacional estudia posibles acciones legales en contra del Gobierno, tras la decisión de suspender la regla fiscal durante los próximos tres años mediante la activación de la denominada cláusula de escape.
El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez, quien indicó que el gremio se encuentra analizando la viabilidad de presentar una demanda.
Según explicó, la suspensión de la regla fiscal podría trasladar nuevas cargas financieras sobre el sector productivo. «Se nos van a encarecer los créditos, nos van a bajar las calificadoras de riesgo nuestra calificación y esto hace que el sector productivo, sin hacer nada malo, pierda rentabilidad», advirtió.
Sánchez señaló que el Consejo Gremial inició un análisis técnico para determinar los posibles efectos económicos y sociales de la medida adoptada por el Ejecutivo. «Cuando usted hace una norma, tiene que ver cuál es el impacto que tiene sobre la economía y sobre la sociedad. En este caso específico lo que estamos viendo es que es más negativo que positivo», afirmó.
El presidente del gremio también se refirió al procedimiento seguido por el Gobierno para aplicar la suspensión de la regla fiscal. A su juicio, esta decisión debería haber sido sometida a consideración del Congreso de la República. «Esto debía ser tramitado a través del Congreso de la República, que es el que debe tomar decisiones tan importantes como esta», expresó.
Por su parte, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, también manifestó inquietudes frente a la medida adoptada por el Gobierno Nacional. Según indicó, la activación de la cláusula de escape no cuenta, desde su perspectiva, con los fundamentos técnicos ni con las condiciones exógenas que justificarían su aplicación.
Rodríguez recordó que la Contraloría General ha venido realizando observaciones desde los presupuestos de los años 2023 y 2024, y que dichas advertencias se reflejan actualmente en el panorama fiscal de 2025. «Lamentablemente, lo que la Contraloría ha observado durante el año 2023 y 2024 se ha reflejado ahora en el 2025», puntualizó.
Aunque manifestó respeto por la decisión del Ejecutivo, el jefe del ente de control aseguró que no ha encontrado suficientes soportes que justifiquen la activación de la cláusula de escape, prevista para situaciones excepcionales. «Desde el punto de vista de la Contraloría General de la República no hallamos los suficientes soportes, fundamentos y condiciones exógenas que ameriten esa decisión tomada por el Gobierno Nacional», afirmó.
Adicionalmente, Rodríguez advirtió sobre tres aspectos que, combinados, podrían tener efectos relevantes en las finanzas públicas: la suspensión de la regla fiscal, el anticipo del impuesto de renta y la ausencia de un recorte presupuestal. «Son tres circunstancias prácticamente contrarias a lo que hemos manifestado: el cumplimiento de la regla, el recorte presupuestal y la reducción del gasto público, especialmente en los gastos de funcionamiento», explicó.
El contralor destacó la necesidad de revisar la ejecución del gasto público, diferenciando entre gastos de funcionamiento y de inversión. «Hemos llamado la atención sobre la ejecución en los gastos de inversión, pero sí hay que mirar y revisar el tema de gastos de funcionamiento y tratar de restringir al máximo frente a estas medidas», concluyó.
