El Consejo de Ministros encabezado por el presidente Gustavo Petro en Montería el pasado lunes 9 de febrero se centró en la atención de la emergencia generada por las inundaciones en Córdoba y en la adopción de medidas administrativas, financieras y logísticas para responder a la situación.
Durante la sesión, que se extendió hasta la madrugada de este martes, autoridades nacionales y locales expusieron necesidades inmediatas y propuestas para la recuperación de los territorios afectados.
El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, solicitó al Gobierno nacional la asignación permanente de un helicóptero para transportar ayudas humanitarias hacia corregimientos incomunicados por la ruptura de vías terrestres.
Según explicó, sectores como Loma Verde, Las Palomas y Guasimal enfrentan dificultades para el ingreso de alimentos, medicamentos y asistencia básica. El mandatario municipal señaló que la emergencia modifica las prioridades del Plan de Desarrollo 2024-2028, orientándolo hacia la recuperación social y económica de las familias afectadas.
Kerguelén también planteó la necesidad de reconstruir la conectividad vial rural y urbana, apoyar proyectos productivos de pequeños agricultores, intervenir viviendas y rehabilitar el sistema educativo.
Indicó que 102 de las 256 sedes educativas del municipio presentan afectaciones por las inundaciones. En materia financiera, pidió que el decreto de emergencia económica incluya medidas transitorias que permitan mayor flexibilidad presupuestal a los municipios durante 2026.
Entre sus propuestas mencionó la redistribución de rentas de destinación específica, la creación de líneas de crédito para reconstrucción, mecanismos de compra de cartera para garantizar liquidez y la autorización del uso total del desahorro del Fonpet para atender la emergencia.
Durante la sesión, el presidente Petro vinculó las emergencias por lluvias con el cambio climático y con la gestión de los embalses por parte de generadoras eléctricas. Señaló que la hidroeléctrica Urrá tenía altos niveles de almacenamiento al inicio de las precipitaciones, lo que incrementó los vertimientos hacia el río Sinú.
El mandatario pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos avanzar en investigaciones para establecer posibles irregularidades relacionadas con la administración de los embalses.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, informó que, según datos públicos de XM, en enero la represa de Urrá registró cinco días por encima del volumen máximo permitido. Añadió que el superintendente de Servicios Públicos cuenta con información adicional que será verificada mediante una visita técnica, con el objetivo de determinar si existió subregistro de los niveles del embalse.
En paralelo al Consejo de Ministros, se conoció que alcaldes de diez municipios de Córdoba acudieron al lugar de la reunión con la expectativa de exponer directamente sus solicitudes. Los mandatarios de Puerto Libertador, Canalete, Puerto Escondido, Cotorra, Tierralta, Cereté, Moñitos, Los Córdobas, Lorica y Ciénaga de Oro permanecieron durante varias horas fuera del recinto. Algunos se retiraron antes de la medianoche, mientras que otros fueron atendidos por funcionarios de la UNGRD.
Las autoridades locales reportaron que la emergencia afecta a 24 municipios del departamento. Un censo preliminar registra 51.000 familias damnificadas, lo que equivale a más de 200.000 personas. Varios municipios completan más de diez días bajo inundación y presentan interrupciones en vías rurales y urbanas. Alcaldes solicitaron maquinaria para rehabilitación de carreteras, colchonetas, hamacas y ampliación de ayudas humanitarias.
Durante su intervención, el presidente Petro informó que solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión temporal del decreto que declaró la emergencia económica y social en diciembre de 2025.
Explicó que la continuidad de la emergencia permitiría adoptar medidas extraordinarias sin necesidad de emitir un nuevo decreto. El mandatario advirtió que un tercer frente frío podría afectar a Córdoba, Chocó, Sucre, Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Petro señaló que la atención total de los daños requeriría recursos equivalentes a 16 billones de pesos y que el presupuesto nacional enfrenta restricciones. Atribuyó el déficit fiscal al incremento del gasto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y a decisiones legislativas y judiciales relacionadas con reformas tributarias. Indicó que la magnitud de las lluvias supera precedentes recientes y que la respuesta estatal requiere instrumentos legales excepcionales.
La reunión concluyó con la coordinación de acciones entre ministerios, entidades de control y autoridades territoriales para continuar la atención de la emergencia, mientras avanzan las evaluaciones técnicas sobre embalses, distribución de ayudas y necesidades de reconstrucción en los municipios afectados.
