En medio de la controversia por la transmisión de los Consejos de Ministros bajo la figura de alocuciones presidenciales, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, se refirió al papel del jefe de Estado Gustavo Petro frente al cumplimiento de los fallos judiciales y al respeto por la institucionalidad.
Durante una entrevista reciente, el magistrado Álvarez afirmó que “el primer obligado para acatar la Constitución, la ley y los fallos judiciales es el señor Presidente de la República”.
La declaración se da en un contexto de críticas por parte del jefe de Estado hacia decisiones de altas cortes, y en particular por la utilización de espacios televisivos para transmitir los Consejos de Ministros en horarios de alta audiencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de las sentencias en materia de equidad informativa.
El Consejo de Estado ha advertido que este tipo de transmisiones podría configurar una vulneración al derecho a la información y a la pluralidad informativa, por lo que la sala competente del tribunal deberá establecer si se ha incurrido en un desacato.
Álvarez también abordó el reciente fallo de la Sala de Consulta sobre la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar administrativamente la campaña presidencial del mandatario. Indicó que esta facultad del CNE tiene límites definidos, y aclaró que no incluye la posibilidad de decretar la pérdida del cargo, atribución que corresponde exclusivamente a la Comisión de Acusación.
En cuanto a la suspensión de dicho proceso por parte de la Corte Constitucional, el magistrado señaló que se trató de una medida cautelar y no de una decisión definitiva. Según explicó, esta suspensión tuvo como propósito evitar un perjuicio que se consideró “irremediable” si el CNE emitía una determinación mientras el proceso continuaba en análisis.
Consultado por los cuestionamientos hacia el magistrado Vladimir Fernández, actual presidente de la Corte Constitucional y quien lideró la decisión cautelar, Álvarez sostuvo que la dignidad de la magistratura exige que los jueces respondan públicamente cuando existen señalamientos sobre su trayectoria o posibles conflictos de interés.
El Presidente del Consejo de Estado también respondió a las afirmaciones de Petro, quien ha sugerido que algunas decisiones judiciales representan un “Golpe de Estado”. Frente a esto, Álvarez manifestó que las instituciones políticas y jurídicas del país continúan en funcionamiento y que no hay elementos que permitan hablar de un quiebre institucional.
Frente a las críticas de que el Consejo de Estado mantiene una postura contraria al Gobierno, el magistrado recordó que fue esa misma corporación la que, en su momento, restituyó los derechos políticos al hoy presidente Petro, lo cual permitió su candidatura presidencial. Insistió en que no existe una agenda política dentro del tribunal.
Sobre la posibilidad de que el Gobierno convoque una consulta popular por decreto, Álvarez fue enfático en señalar que “lo que no puede hacerse vía ley no puede adoptarse vía decreto”, subrayando que la autorización del Senado es requisito indispensable para dar trámite a una consulta de este tipo.
El magistrado concluyó que es necesario garantizar el derecho a la pluralidad informativa y que el incumplimiento de las decisiones judiciales por parte del Ejecutivo envía un mensaje que puede afectar la confianza en el Estado de Derecho.
