El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional del acto que designó a Luz Adriana Camargo como fiscal General de la Nación, decisión que se toma en medio de un proceso judicial que busca anular su elección por presuntas irregularidades.
La petición se basaba en la existencia de una orden de captura internacional emitida por las autoridades de Guatemala, donde se le señala por delitos como tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, en el marco de investigaciones por su rol como parte de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).
El alto tribunal concluyó que dicha orden no produce efectos automáticos en el territorio colombiano y que, además, Camargo ostenta inmunidad por su actual investidura. Con este argumento, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que no se cumplen los requisitos legales para acceder a la suspensión del Acuerdo 2280 del 12 de marzo de 2024, por medio del cual se formalizó su nombramiento.
La magistrada ponente Gloria María Gómez Montoya también rechazó una nueva insistencia para practicar el testimonio de Amelia Pérez Parra, actual presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al recordar que esa prueba ya había sido negada con anterioridad y que no existe sustento suficiente para revivirla.
Como parte del mismo proceso, el Consejo de Estado ordenó a la Presidencia de la República remitir en un plazo de tres días todo el expediente administrativo relacionado con la elección de Camargo, incluyendo certificación de que no falta ningún documento. Esta solicitud busca completar el acervo probatorio que servirá para que las partes involucradas presenten sus alegatos de conclusión.
El proceso avanza entre cuestionamientos por el origen y la legitimidad del señalamiento internacional, y las implicaciones que este pueda tener sobre la jefatura del ente acusador. A pesar de que la Cancillería no ha emitido una postura pública sobre la orden procedente de Guatemala, el pronunciamiento del Consejo de Estado aclara, por ahora, que no hay razones jurídicas válidas para interrumpir el ejercicio de la fiscal general.
Los magistrados insisten en que, hasta tanto, no se emita sentencia de fondo, Luz Adriana Camargo permanece en funciones y con plenas facultades. Mientras tanto, las partes procesales tendrán que cumplir con el calendario judicial establecido, a la espera de que el alto tribunal decida si anula o no el nombramiento de la actual jefe del organismo investigador.
