El Consejo de Estado negó la tutela interpuesta por el presidente Gustavo Petro contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la que buscaba detener la investigación por presuntas irregularidades en los topes de financiación de su campaña presidencial de 2022.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal resolvió que el CNE tiene plena autoridad para seguir con el proceso, dejando sin efecto los argumentos presentados por el mandatario.
La tutela, presentada por Petro el 6 de agosto de 2024, cuestionaba la competencia del CNE para investigarlo, argumentando que el proceso debía ser asumido por el Congreso debido a su fuero presidencial. Según el mandatario, el procedimiento administrativo vulneraba su derecho al debido proceso, ya que consideraba que el organismo electoral no tenía jurisdicción sobre su caso.
El Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela al considerar que las investigaciones relacionadas con la violación de topes de financiación electoral no están amparadas por el fuero presidencial. Este se aplica exclusivamente a procesos derivados de causales constitucionales específicas y no a infracciones administrativas en el contexto electoral.
Investigación sobre financiación de la campaña
El CNE inició la investigación contra Petro tras denuncias sobre el presunto incumplimiento de los topes de financiación de su campaña presidencial y de la consulta interpartidista del Pacto Histórico en 2022. Las acusaciones señalan un gasto superior a $5.000 millones de pesos, superando los límites establecidos por la normativa electoral.
La denuncia inicial fue presentada en 2022 por el entonces representante a la Cámara Edward David Rodríguez, quien cuestionó la presentación de los informes de ingresos y gastos de la campaña. Posteriormente, en 2023, una denuncia anónima reforzó estas acusaciones al señalar inconsistencias en los reportes financieros de la primera y segunda vuelta electoral.
Decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado determinó que el CNE tiene plena autonomía para investigar y sancionar posibles irregularidades en las campañas presidenciales. Según el fallo, este tipo de investigaciones no configura una causa constitucional que active el fuero presidencial, reafirmando que la supervisión de los procesos electorales es competencia exclusiva del organismo electoral.
El tribunal también rechazó las solicitudes de coadyuvancia presentadas por terceros, como Eduardo José Díaz Fuentes, Ulises Evaristo Durán Porto y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe. Asimismo, desestimó una tutela interpuesta por Camilo Arturo Remolina Gómez relacionada con el caso.
La resolución del Consejo de Estado ratifica que las investigaciones sobre financiación electoral deben ser gestionadas por el CNE, tal como lo establece la ley colombiana. El fallo permite que el organismo continúe su proceso investigativo en torno a las denuncias, dejando sin efecto los intentos del presidente Petro de trasladar el caso al Congreso de la República.
