El Consejo de Estado continúa con el estudio del proceso de pérdida de investidura contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, por los hechos conocidos como el “tarimazo” en Medellín, un episodio en el que varios cabecillas de estructuras criminales participaron en un acto público en La Alpujarra junto al presidente Gustavo Petro.
La investigación se desarrolla luego de que se señalara que los jefes delincuenciales fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí para asistir al evento.
Uno de los demandantes, William Quintero, sostiene que Zuleta, en su rol como representante del Gobierno en la Mesa de Paz Urbana, habría gestionado ante el INPEC la salida de los internos. Según su planteamiento, la funcionaria no tenía competencia para realizar dichas solicitudes, facultad que, afirma, correspondía al coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez. También advierte que los reclusos, condenados en firme, debían ser trasladados únicamente con autorización judicial.
En esta etapa del proceso, la Sala Especial de Decisión ordenó la práctica de un amplio conjunto de pruebas. Entre las órdenes emitidas está la solicitud al INPEC para remitir copia del oficio enviado por la senadora y referenciado en la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, documento relacionado con las gestiones para el traslado de los cabecillas de la organización criminal conocida como “La Oficina”. El Consejo de Estado pidió además aclarar si estos registros están sujetos a reserva.
La Secretaría General del Senado tendrá que enviar la hoja de vida de Zuleta, junto con sus anexos, e informar sobre posibles restricciones de acceso. De igual manera, la Presidencia de la República fue requerida para remitir la Resolución 138 del 29 de mayo de 2023, con la cual se instaló el programa “Paz Urbana” en Medellín y el Valle de Aburrá, así como la Resolución 452 del 8 de noviembre de 2024, que designó a los representantes del Gobierno en ese Espacio de Conversación Sociojurídico.
En la documentación relacionada con los hechos figuran los nombres de los internos que estuvieron presentes en el evento: alias ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Vallejo’, ‘El Indio’, ‘El Tigre’ o ‘Ramón Chaqueta’, ‘El Saya’, ‘Albert’ y ‘Juan 23’. Todos hacen parte de estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá.
Además de las pruebas decretadas por el despacho, el proceso también tendrá en cuenta la información que aporte la propia Senadora, como comunicaciones oficiales sobre la Mesa de Paz Urbana y documentos enviados por la Delegación del Gobierno Nacional en Medellín.
El Consejo de Estado admitió la demanda en agosto de este año y, una vez concluya la recolección del material probatorio, tendrá que programar la audiencia pública de pérdida de investidura. En esa diligencia, las partes podrán intervenir y presentar sus argumentos ante el alto tribunal, que posteriormente tomará una decisión sobre la continuidad o no del ejercicio político de Zuleta.
