El Consejo de Estado anunció que iniciará una investigación para determinar si la alocución del presidente Gustavo Petro, transmitida por todos los canales de televisión la noche del 21 de abril de 2025, constituye un desacato a un fallo previo del alto tribunal que prohíbe la difusión de consejos de ministros a través de canales privados.
El pronunciamiento del Consejo surge luego de que el mandatario afirmara que su intervención fue una alocución presidencial, no un Consejo de Ministros, y que lo que se busca con la polémica es censurarlo. Durante su discurso, Petro expresó: “Esta es una alocución presidencial y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan”.
La decisión del alto tribunal, emitida con anterioridad, respondía a una tutela interpuesta por un ciudadano que alegó la vulneración de su derecho fundamental a recibir información “plural, objetiva, veraz y oportuna”. En su fallo, el Consejo de Estado indicó que las transmisiones de Consejos de Ministros por canales privados podían afectar la imparcialidad del derecho a la información.
Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, explicó que la función del tribunal no constituye un acto de censura, sino el cumplimiento de su mandato constitucional. “Todo el país sabe que es una función constitucional la que cumple el Consejo de Estado y lo que hizo fue amparar un derecho de los colombianos”, manifestó.
Álvarez también aclaró las diferencias entre una alocución presidencial y un Consejo de Ministros. Según el Magistrado, la alocución se caracteriza por la inminencia, la urgencia y la necesidad. En contraste, los Consejos de Ministros son espacios donde se discute política pública, sin que necesariamente se enmarquen en una urgencia nacional. Estas características serán claves para el análisis de si hubo o no desacato a la orden judicial.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, expresó respaldo a la posición del Consejo de Estado. Según Eljach, en una democracia moderna no se concibe el Estado de Derecho sin independencia y autonomía entre las ramas del poder público. Añadió que las decisiones judiciales deben respetarse y acatarse, sin que haya lugar a evadirlas.
La alocución del presidente Petro abordó la situación sanitaria derivada de la fiebre amarilla, señalando su competencia para tratar ese tipo de temas. No obstante, el Presidente del Consejo de Estado planteó que la determinación sobre si se trató de una alocución o de un Consejo de Ministros será competencia del juez de tutela, quien tendrá que analizar si hubo una vulneración de la orden judicial emitida.
Frente a la controversia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció. En un mensaje dirigido al jefe de Estado, Galán enfatizó que “las decisiones judiciales se respetan y se acatan. No se les hace el quite, no se les busca el quiebre para no cumplirlas”.
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