El Consejo de Estado admitió, para estudio, una acción de tutela contra la transmisión televisada de los Consejos de Ministros del presidente Gustavo Petro. La demanda, interpuesta por la ciudadana María Cristina Cuéllar Cárdenas, argumenta que estas emisiones en horario de alta audiencia vulneran el derecho a la información y la libertad de los ciudadanos para elegir el contenido que desean consumir.
La tutela se centra en el impacto de estas transmisiones sobre la programación de los canales privados Caracol, RCN y Canal Uno, los cuales han manifestado que la interrupción de su parrilla habitual podría generar pérdidas económicas y afectar su relación con anunciantes y televidentes. La Sección Tercera del Consejo de Estado será la encargada de evaluar el caso y determinar si hay fundamentos para restringir la emisión de estos eventos gubernamentales en franjas de alta sintonía.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la admisión de la tutela a través de sus redes sociales, en las que expresó que el proceso permitirá evaluar si en Colombia existe un verdadero pluralismo informativo. Asimismo, comparó estas transmisiones con las alocuciones diarias que realizó su antecesor, Iván Duque, durante la pandemia, señalando que en ese momento no se presentaron objeciones similares.
El debate en torno a la transmisión de los consejos de ministros ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras que sectores afines al gobierno defienden la medida como un ejercicio de transparencia y acceso a la información, opositores consideran que se trata de una estrategia comunicacional que afecta el derecho de los ciudadanos a elegir su programación.
Adicionalmente, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, anunció que también radicó una tutela con el fin de frenar estas alocuciones. Según el parlamentario, la retransmisión de los Consejos de Ministros constituye un uso desproporcionado de los medios de comunicación del Estado y de los canales privados, lo que podría interpretarse como una forma de propaganda gubernamental.
La discusión también abarca el papel de los medios de comunicación y su relación con el poder público. Si bien la ley permite al gobierno utilizar los medios de comunicación para informar sobre asuntos de interés nacional, el Consejo de Estado deberá definir si estas transmisiones afectan la libre competencia en el sector audiovisual o si constituyen una imposición sobre la programación habitual.
Al respecto hay que mencionar que, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-1172 de 2001, le impuso ciertos límites a la Ley 182 de 1995, la cual mencionaba en su artículo 32, que facultaba al Presidente de la República para dirigirse a la Nación a través de los medios de televisión, inicialmente, «sin ninguna limitación», situación que fue declarada inexequible por el alto tribunal.
Por ahora, el proceso sigue su curso y las partes involucradas deberán presentar sus respectivos argumentos ante el Consejo de Estado. La decisión que tome el alto tribunal podría sentar un precedente sobre los límites en el uso de los medios de comunicación por parte del gobierno y el equilibrio entre el derecho a la información y la libertad de elección de los televidentes.
Mientras tanto, la transmisión de los Consejos de Ministros continúa generando debate en la opinión pública.
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