El Consejo de Estado anuló el nombramiento de José Medardo Prieto Suárez como comisionado encargado en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), sumando otro revés a los intentos del presidente Gustavo Petro por cubrir las vacantes en el organismo regulador de la energía y el gas en el país.
Esta decisión responde a una demanda que cuestionaba la idoneidad de Prieto Suárez para asumir el cargo de manera provisional, y ratifica la exigencia de que estos puestos sean de dedicación exclusiva y en propiedad, sin permitir encargos.
En su fallo, el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 2004 del 21 de noviembre de 2023, que designaba a Prieto en calidad de encargado, estableciendo que este tipo de nombramientos viola la naturaleza del cargo y afecta la independencia que requiere la Creg.
Según la resolución, “en criterio mayoritario de esta Sala, permitir el encargo daría lugar a que el Presidente de la República desconozca la necesidad de contar con un período fijo en beneficio de la independencia de la comisión en el ejercicio de su función regulatoria, pues quien llega al cargo en dichas condiciones se encuentra sujeto directamente a la facultad del nominador y puede ser removido en cualquier momento”. Esta observación subraya la importancia de proteger a la Creg de presiones gubernamentales que puedan influir en sus decisiones.
El nombramiento de Prieto Suárez, quien asumió el cargo en noviembre de 2023 mientras se desempeñaba como asesor en el Ministerio de Minas y Energía, fue objetado debido a que los cargos de la Creg requieren dedicación exclusiva, impidiendo la posibilidad de encargos. La decisión, que es de carácter definitivo, refuerza el criterio del Consejo de Estado de que los nombramientos en la Creg deben cumplir con la ley en cuanto a exclusividad y competencia técnica.
Este caso se suma a una serie de decisiones similares que han llevado a la salida de cuatro comisionados en la Creg. Los funcionarios removidos hasta el momento son Manuel Peña Suárez, Omar Fredy Prías y Baisser Antonio Jiménez Rivera, quienes tampoco cumplían con los requisitos establecidos, ya sea por falta de experiencia técnica o por estar ligados a otros cargos gubernamentales.
Sanción a Petro por desacato
La polémica en torno a la administración de la Creg ha escalado con la reciente sanción impuesta al presidente Gustavo Petro por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el 3 de octubre declaró en desacato al mandatario, imponiéndole una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La sanción obedece al incumplimiento de una sentencia emitida el 25 de enero de 2024, que ordenaba al Presidente realizar los nombramientos en propiedad de seis comisionados de la Creg.
En respuesta, el Tribunal Administrativo exige al jefe de Estado informar sobre el avance en el cumplimiento de esta sentencia y presentar los actos administrativos de los nombramientos de los seis expertos.
Esta situación agrava el reto para el gobierno de Petro, que se enfrenta a la presión de cumplir con la normativa de nombramientos en la Creg mientras la Procuraduría y otras entidades piden fortalecer la regulación energética.
