El Consejo de Estado admitió una segunda demanda contra el representante a la Cámara por Bogotá, David Racero, del partido Pacto Histórico, por presunto uso indebido de recursos públicos. El proceso fue asignado al despacho del magistrado Freddy Ibarra Martínez, quien también estudia una demanda anterior por hechos similares.
La acción judicial se sustenta en la presunta utilización de un miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero en funciones ajenas a su cargo, específicamente en la atención de un establecimiento comercial de frutas y verduras, propiedad del congresista. Según la demanda, dicha conducta constituiría indebida destinación de dineros públicos.
“El Consejo de Estado debe aplicar la línea jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, según la cual se estima que la asignación de labores distintas a los miembros de la UTL que impliquen algún provecho para el congresista acusado constituye indebida destinación de dineros públicos”, se lee en el texto de la demanda.
La acusación se basa en una investigación periodística que reveló supuestos mensajes en los que el legislador habría ordenado al integrante de su equipo legislativo cumplir tareas en el local ubicado en el barrio Villa Luz, occidente de Bogotá.
El período en el que habrían ocurrido los hechos es comprendido entre el 24 de noviembre de 2020 y el 9 de enero de 2021. Según la parte demandante, la presentación del recurso el 13 de mayo de 2025 garantiza que la acción no se encuentre caducada.
Además de este proceso, Racero enfrenta dos investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos. En octubre del año pasado, la Sala de Instrucción de ese alto tribunal confirmó que había abierto indagación contra el Congresista. Uno de los elementos que motivaron la decisión fue un audio en el que se escucha a su conductor, entonces funcionario de su UTL, referirse al fruver del representante.
La Corte también investiga posibles irregularidades en la asignación de cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en un caso en el que también estaría implicado Jorge Eduardo Londoño, actual director de la entidad y tío del congresista.
Racero ha desestimado los señalamientos, afirmando que se trata de información falsa. Sin embargo, el proceso continúa en instancias judiciales.
En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta oficial en X, sin mencionar directamente al Congresista. En su mensaje, expresó:
“En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. (…) Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado en profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros.”
El mandatario también sostuvo que “el progresismo hace parte del gran movimiento emancipador de la humanidad que incluye la emancipación del trabajo y la libertad de los seres humanos”, y señaló que su movimiento no comparte prácticas de sectores políticos a los que asoció con “la narcoderecha”.
El caso ahora se encuentra en etapa de evaluación por parte del Consejo de Estado, mientras avanzan las indagaciones en la Corte Suprema de Justicia.
