La Contraloría General de la República concluyó una auditoría financiera al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, correspondiente a la vigencia 2024. En esta se identificaron 11 hallazgos fiscales por $2.308 millones, 77 disciplinarios y 2 con posible implicación penal.
Los hallazgos se concentraron principalmente en las regiones de Santander y Antioquia.
En este sentido, mediante un comunicado de prensa la Contraloría expuso que, “Se evidenciaron deficiencias en la gestión fiscal, tales como debilidades en la supervisión y ejecución de contratos, manejo inadecuado de inventarios, problemas en el suministro de tiquetes y transporte de aprendices, así como ausencia de soportes para los pagos realizados, entre otros aspectos”.
Según el comunicado oficial, en Santander, se detectó un hallazgo fiscal por $1.008 millones en el proyecto del Centro Agroecológico de San Gil, el cual, tras 70 meses de contrato, solo presenta un 1,5 % de ejecución, según el informe entregado por el contratista.
Por otro lado, en Antioquia, se reportó una pérdida de $645 millones por la ausencia de 256 elementos en bodega, sin las resoluciones de baja correspondientes.
A través de su cuenta oficial en X, la Contraloría señaló que las irregularidades incluyen “fallas en supervisión de contratos, manejo de inventarios, transporte de aprendices y ausencia de soportes en pagos”.
En este contexto, se encontraron también debilidades en la constitución de reservas presupuestales sin cumplir los requisitos normativos y falta de seguimiento a las vigencias futuras. Como resultado, “La CGR emitió Opinión Negativa sobre los estados contables de la entidad, al no reflejar razonablemente, en todos los aspectos materiales, su situación financiera al 31 de diciembre de 2024. En consecuencia, también se emitió una Opinión Presupuestal con Salvedades”.
Pese a los hallazgos, la auditoría generó beneficios por $4.958 millones, principalmente por $4.855 millones recuperados en rendimientos financieros derivados de un contrato de encargo para obras en el Centro Agroturístico de San Gil, en Santander. En este mismo contrato se reportó un posible hallazgo penal por presunta contratación sin cumplimiento de los requisitos legales.
Adicionalmente, en la Regional Magdalena se evidenciaron graves deficiencias en dos contratos por $2.493 millones para la construcción de almacenes en Gaira y Promoción Ecoturística. Los proyectos, iniciados en 2023 y actualmente suspendidos, presentan ausencia de estudios técnicos, modificaciones sin justificación y falta de control en la interventoría.
La Contraloría anunció que continuará el seguimiento a estos casos para determinar posibles responsabilidades fiscales y disciplinarias.
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