La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por su presunta participación en un entramado de decisiones administrativas que habrían favorecido irregularmente a particulares en la restitución de un lote de uso público. La audiencia fue realizada ante un juez de control de garantías, en el marco de una investigación que también involucra a siete exfuncionarios de su administración y a tres particulares.
Según el ente acusador, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, los exfuncionarios habrían intentado, a través de una conciliación extrajudicial, cambiar la naturaleza jurídica de un predio que ya era propiedad del municipio, con el objetivo de beneficiar económicamente a tres particulares: Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez. El cambio habría consistido en modificar la cesión gratuita del terreno a una compraventa, lo que permitiría al Estado pagarles la suma de 40.509 millones de pesos por el valor del bien.
“Los elementos materiales probatorios indican que, como parte de esa conciliación prejudicial, los exservidores habrían intentado favorecer económicamente a los particulares (…) cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa”, señala la Fiscalía.
Ante el fracaso del trámite, la Fiscalía asegura que el exalcalde Quintero y su entonces secretario general, Fabio Andrés García Trujillo, habrían expedido actos administrativos irregulares para aumentar el avalúo del predio, entregarlo a los particulares y permitirles desarrollar actividades urbanísticas que estaban prohibidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Medellín imputó a Quintero Calle y a García Trujillo los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.
Adicionalmente, otros seis exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín fueron imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Se trata de:
- Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial y secretario General (e)
- Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios
- Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación
- Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución Contractual y secretaria General (e)
- Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público
- Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores
La Fiscalía sostiene que los ahora judicializados habrían participado en distintas etapas del proceso, desde la modificación de la escritura del predio, la expedición de un avalúo catastral por encima de lo previsto, hasta la aprobación de la propuesta de pago a favor de los particulares. Además, se habrían anulado conceptos jurídicos negativos que advertían sobre la improcedencia del trámite.
El Consejo de Estado terminó por declarar improcedente la conciliación, al establecer que el bien ya hacía parte del patrimonio público de Medellín y, por tanto, no podía ser objeto de compraventa.
Por esta misma investigación, la Fiscalía imputó por el delito de peculado por apropiación a los tres particulares que recibieron el predio: Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez. Según el ente investigador, los tres aún conservan el lote en su poder.
Ninguno de los once implicados aceptó los cargos imputados. El caso continuará su curso judicial ante la justicia penal ordinaria.
