El presidente Gustavo Petro, objetó por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia la ley aprobada recientemente por el Congreso que otorgaba mayor control a alcaldes y gobernadores sobre los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
La iniciativa, radicada bajo los números 479 de 2024 en Cámara y 075 de 2024 en Senado, proponía modificar la Ley 549 de 1999 con el fin de ampliar la participación de los entes territoriales en la administración de los recursos destinados al pago de pensiones de maestros, funcionarios públicos y otros empleados del sector estatal.
Según el texto de objeción enviado por el mandatario al presidente del Senado, Efraín Cepeda, la propuesta vulneraría el artículo 334 de la Constitución, al comprometer la sostenibilidad fiscal de la Nación, y el artículo 48, al afectar la destinación exclusiva de los recursos de la seguridad social.
“Menoscaba la prohibición de destinar y utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella, así como la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones”, señala el documento.
Desde el Ejecutivo se argumentó que el proyecto presenta riesgos significativos en materia de sostenibilidad financiera y uso de recursos públicos, y que no establece mecanismos claros de financiación para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pensionales. Las objeciones fueron respaldadas por los ministerios de Hacienda y Trabajo.
El proyecto había sido enviado a la Casa de Nariño el pasado 11 de junio, tras haber sido aprobado por el Congreso. Entre sus disposiciones incluía la posibilidad de que los entes territoriales tuvieran acceso en tiempo real a la información financiera de sus cuentas en el Fonpet y pudieran gestionar directamente los excedentes acumulados, siempre que se hubiese cumplido con el 100% del pasivo pensional.
La iniciativa fue impulsada por sectores políticos que plantearon la descentralización de los recursos como un mecanismo para mejorar la eficiencia y adecuar el manejo financiero a las particularidades de cada región. En la Cámara de Representantes, el congresista Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde, actuó como coordinador ponente del proyecto.
Con la objeción presidencial, la norma regresará al Congreso, que tendrá que analizar las razones esgrimidas por el Gobierno. La corporación podrá acoger los reparos, modificar el texto o insistir en su aprobación original. En caso de que el Legislativo mantenga su decisión, el proyecto será remitido a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto.
El debate en torno a esta objeción se inscribe en una discusión más amplia sobre la distribución de competencias y recursos entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, así como sobre los criterios para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional en Colombia.
