La posibilidad de que el Congreso de la República sesione el 31 de diciembre abrió un nuevo frente de discusión institucional en medio de la controversia por el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Petro.
La propuesta, considerada inusual por el calendario legislativo, surgió a raíz de las solicitudes de control político formuladas por congresistas de distintos partidos frente al alcance, la justificación y los efectos fiscales de la medida.
El presidente del Senado, Lidio García, expresó ante la plenaria del 29 de diciembre que el Legislativo tiene la facultad de ejercer control político en cualquier fecha que determine. En ese contexto, planteó la alternativa de una sesión mixta, con participación presencial y virtual, durante la mañana del último día del año, con el fin de facilitar la comparecencia de los ministros. Según explicó, este esquema permitiría desarrollar un debate de varias horas sin interferir con compromisos habituales de fin de año.
La discusión se intensificó durante una reciente sesión extraordinaria en la que el Senado aprobó 16 ascensos en el Ejército y cuatro en la Policía Nacional. Aunque estos puntos fueron evacuados, el centro del debate se trasladó a la ausencia del gabinete en la citación de control político.
El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, cuestionó que, pese a haberse aprobado la proposición el viernes anterior, los ministros no acudieran a la plenaria siguiente para responder sobre la emergencia económica.
La respuesta del Gobierno llegó a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que el artículo 155 de la Constitución establece un plazo de cinco días para que los ministros respondan el cuestionario que sustenta el debate de control político.
De acuerdo con esa interpretación, el término se cumpliría el 31 de diciembre, razón por la cual el Ejecutivo notificó que los ministros no asistirían antes de esa fecha. Benedetti sostuvo que adelantar el debate sin cumplir ese plazo implicaría viciar el procedimiento.
Los cuestionamientos promovidos por al menos 35 congresistas se concentran en varios puntos como la existencia de hechos específicos y verificables que respalden la declaratoria de emergencia, el carácter excepcional del decreto, el momento elegido para su expedición y el impacto fiscal de las medidas adoptadas. No obstante, la plenaria decidió no modificar el orden del día para priorizar ese debate y optó por continuar con los ascensos, decisión que fue respaldada por 56 votos frente a 34.
Desde el oficialismo, la senadora Gloria Flórez argumentó que un debate de control político no debía aplazar decisiones relacionadas con las Fuerzas Militares y la Policía. A esta posición se sumó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien respaldó la interpretación jurídica expuesta por el ministro del Interior y reiteró que la instrucción para el gabinete era abstenerse de asistir hasta que se cumplieran los plazos constitucionales.
En paralelo, sectores de la oposición insistieron en que la Ley Quinta del Congreso no fija un plazo mínimo para la realización del debate, sino un término máximo, y plantearon que la interpretación conjunta de la Constitución y el reglamento legislativo permitiría avanzar en el control político sin dilaciones.
Mientras tanto, el presidente del Senado señaló que se evalúa la posibilidad de convocar la sesión entre el 31 de diciembre y la primera semana de enero, en consulta con los voceros de las bancadas.
El escenario refleja un cruce de interpretaciones normativas y una disputa sobre los tiempos del control político, en un contexto marcado por la expedición de decretos con fuerza de ley y por una relación tensionada entre el Ejecutivo y el Legislativo al cierre del año y en el arranque de 2026.
