La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de una investigación contra 32 congresistas en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
El proceso se deriva del testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien reveló detalles sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos. La investigación incluye a 23 legisladores que hasta el momento no habían sido vinculados al caso.
El magistrado Marco Antonio Rueda asumió la investigación y en su despacho figuran los representantes Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, Wilmer Ramiro Carrillo y Daniel Restrepo. También se encuentran Wilmer Jair Castellanos, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar, Milene Jaraba, Sandra Bibiana Aristizábal, Kelyn Johana González, Juliana Arai Franco, Néstor Leonardo Rico y Wilmer Yesid Guerrero.
Asimismo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y los senadores Juan Diego Echavarría, Jairo Albero Castellanos, Juan Carlos Garcés Rojas, José Alfredo Gnecco Zuleta y Karina Espinosa Oliver también estarán bajo investigación.
El caso se amplió tras la publicación de una declaración de Benavides a la Fiscalía, donde detalló cómo varios congresistas habrían influido en la adjudicación de contratos del Invías. Según la exasesora, algunos legisladores tenían injerencia en la asignación de millonarios contratos que pasaban por la aprobación del Ministerio de Hacienda.
Los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, también están siendo investigados por el magistrado Francisco Farfán. Se indaga su presunta participación en la recepción de $4.000 millones de pesos provenientes del contrato de los carrotanques para La Guajira, a cambio de apoyo a las reformas del gobierno Petro.
El magistrado Misael Rodríguez tiene bajo su despacho la indagación de Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Astrith Manrique y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, quienes hacían parte de la Comisión de Crédito Público y fueron vinculados con tres contratos por más de $92.000 millones de pesos.
Por su parte, la magistrada Cristina Lombana lleva la investigación contra el senador Julio Chagüi, después de que los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, lo vincularan con la adjudicación de un contrato de la entidad a cambio de respaldo político en el Congreso.
La investigación sigue en curso y la Corte Suprema determinará la responsabilidad de los legisladores en estos hechos.
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