La plenaria del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que modifica el marco legal para la elaboración, publicación y auditoría de encuestas políticas en Colombia, dejando la norma lista para sanción presidencial.
La iniciativa, que ha generado todo tipo de preocupaciones entre firmas encuestadoras, expertos en estadísticas y sectores políticos, contempla nuevas condiciones para la recolección y difusión de datos de opinión en el país.
Uno de los cambios centrales es la reducción del periodo permitido para publicar encuestas. La ley establece un límite de tres meses antes del inicio del periodo de inscripciones de candidatos, plazo que sustituye los marcos temporales anteriores y modifica el acceso público a información electoral durante las fases previas al calendario oficial.
El articulado, aprobado por mayorías de distintas bancadas bajo lo que fue presentado como un “acuerdo nacional”, otorga nuevas competencias al Consejo Nacional Electoral (CNE), que en adelante será la autoridad encargada de regular, auditar, sancionar y custodiar la información generada por las encuestas políticas.
La norma impone a las empresas encuestadoras la obligación de entregar al CNE:
- Formularios diligenciados
- Grabaciones de entrevistas telefónicas
- Listados de números marcados
- Otros soportes técnicos.
Este requerimiento implica la implementación de sistemas de ciberseguridad para la protección de datos, al tiempo que contempla sanciones en caso de filtraciones, accesos no autorizados o vulneraciones a la integridad de la información.
En términos operativos, la ley incorpora mecanismos de anulación automática de encuestas cuando se presenten fallas en requisitos formales, como el orden de las preguntas o la ausencia de firmas de los responsables técnicos. Estos criterios pueden dar lugar a impugnaciones que, según observaciones de actores del sector, podrían ser utilizados como herramientas para frenar la publicación de resultados en determinados contextos.
El artículo 11 del texto aprobado también introduce un nuevo tipo de responsabilidad penal para los encuestadores. La disposición señala consecuencias jurídicas por el incumplimiento de las “leyes de la estadística”, una categoría que no está definida expresamente en la legislación colombiana vigente, lo cual ha sido interpretado por algunos sectores como una fuente de incertidumbre legal que podría judicializar errores técnicos frecuentes, como desviaciones en el muestreo o inconsistencias de campo.
En medio del trámite legislativo, la norma recibió respaldo de congresistas de diferentes partidos, incluyendo sectores del oficialismo y de la oposición. Voceros del proyecto defendieron su aprobación como un esfuerzo para garantizar mayor transparencia y confiabilidad en los estudios de opinión durante los procesos electorales.
La ley pasará ahora a revisión del presidente Gustavo Petro para su eventual sanción y entrada en vigencia. Se espera que su reglamentación defina los lineamientos técnicos que deberán aplicar las firmas encuestadoras y los procedimientos que utilizará el CNE para ejercer sus nuevas funciones en materia de control, supervisión y eventual sanción.
