En medio del debate nacional sobre los efectos de las manifestaciones en las principales rutas del país, el representante Óscar Campo radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley estatutaria que plantea establecer límites al ejercicio del derecho a la reunión, manifestación y protesta pública y pacífica cuando esta se realiza sobre vías de comunicación.
La iniciativa, que ya cuenta con el respaldo de miembros de Cambio Radical, busca encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta y la garantía de otros derechos fundamentales como la movilidad, la salud y el trabajo.
Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, sostuvo que el objetivo del proyecto no es restringir la protesta sino regular situaciones que, a juicio de varios legisladores, están desbordando el carácter pacífico contemplado por la Constitución.
“Con esta iniciativa no se busca restringir el derecho a la protesta sino establecer unos límites razonables, donde haya un equilibrio entre los que quieren manifestarse pacíficamente, pero a la vez también de los que necesitan movilizarse por las vías”, señaló.
En el texto del proyecto se argumenta que entre 2023 y lo corrido de 2025 se han registrado más de 1.900 bloqueos sobre las vías, lo cual ha generado afectaciones económicas calculadas en más de 1.6 billones de pesos solo en el suroccidente del país. Según cifras de Colfecar, entre enero y junio de 2025 se contabilizaron 400 bloqueos en carreteras nacionales, con impacto en 23 departamentos y pérdidas que superan los 1.4 billones de pesos.
Frente a estas cifras, la propuesta legislativa contempla la creación de mecanismos institucionales como una Comisión de Diálogo y Mediación y un Puesto de Mando Unificado para gestionar las protestas antes de su escalamiento. También prevé una regulación sobre el uso excepcional de la fuerza pública, priorizando el diálogo como canal obligatorio previo a cualquier intervención.
El proyecto aún no ha comenzado su trámite en comisiones, pero ya genera expectativa entre diferentes bancadas del Congreso que han anticipado debates sobre los alcances del articulado y la posible colisión entre los derechos fundamentales en juego.
