La senadora republicana María Elvira Salazar envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos solicitando la revocatoria de las credenciales diplomáticas del coronel Carlos Feria, actual agregado policial de la Embajada de Colombia en Washington, D.C.
La congresista argumentó que el oficial debe regresar al país para enfrentar procesos judiciales por presuntos delitos cometidos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según el documento divulgado por Salazar, Feria está vinculado a un caso de interceptaciones ilegales y abuso de autoridad relacionado con Marelbys Meza, una exempleada de Laura Sarabia, hoy canciller. Meza habría sido sometida a una prueba de polígrafo en un sótano, sin orden judicial ni garantías legales, luego de un presunto hurto en la residencia de Sarabia.
La congresista destacó que, a pesar de que varios oficiales han sido condenados por su participación en estos hechos, Feria fue condecorado y nombrado en un cargo diplomático en el exterior. En la carta, Salazar expresó que este nombramiento podría representar un intento por evitar que el coronel enfrente la justicia colombiana y por impedir que revele información sensible sobre miembros del gobierno.
“Estados Unidos no debe ser cómplice de los intentos del presidente Petro por proteger a sus aliados de la justicia”, escribió la senadora en un mensaje publicado en sus redes sociales junto a la misiva, en la que también señala a Feria como “un actor clave” en el escándalo.
En el mismo caso, varios policías habrían declarado que Feria fue quien ordenó interceptar las comunicaciones de Meza, respaldando dicha acción con un informe en el que falsamente se la vinculaba con el Clan del Golfo. Se le habría asignado incluso el alias “la cocinera”.
A pesar de estos señalamientos, el coronel Feria fue nombrado como agregado policial en la embajada en Washington. Esta decisión ha sido criticada por diversos sectores políticos, incluyendo al representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, quien también remitió una carta al secretario de Estado rechazando la designación. Uscátegui afirmó que permitir la permanencia de Feria en ese cargo representaría “una afrenta” para la institucionalidad.
En paralelo, se conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra diez funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal por presunto acceso irregular al expediente sobre la muerte del coronel Óscar Dávila, otro de los implicados en el caso de las interceptaciones y cuyo fallecimiento fue clasificado como suicidio.
El fallo que dio por cerrado ese caso continúa bajo escrutinio. La apertura de la investigación busca determinar si el dictamen forense se produjo conforme a los protocolos y si hubo irregularidades en el manejo del expediente.
Feria es investigado en Colombia por delitos como abuso de función pública y privación ilegal de la libertad. La congresista Salazar insistió en que, en lugar de ocupar una posición diplomática, el oficial debería estar colaborando con la justicia.
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