Las autoridades distritales se encuentran en estado de alerta tras la confirmación de amenazas contra el sistema TransMilenio y otros bienes públicos, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ratificara la condena contra varios integrantes de la autodenominada Primera Línea.
Según información conocida por organismos de inteligencia, grupos organizados estarían preparando acciones violentas como represalia por la sentencia emitida este 4 de julio a Sergio Andrés Pastor, alias ‘19’, y a otros tres procesados por hechos ocurridos durante el paro nacional de 2021.
Las amenazas, reveladas por Blu Radio, incluyen posibles atentados contra estaciones de TransMilenio, viviendas, infraestructura urbana y bienes públicos, en sectores previamente identificados por su alta conflictividad durante las protestas de 2021. Los informes señalan una supuesta intención de presionar a las autoridades judiciales a través de acciones coordinadas.
La Alcaldía de Bogotá instó a los ciudadanos a mantener la protesta en el marco de la legalidad y expresó que se esperan pronunciamientos del Ministerio de Defensa sobre nuevas medidas de contención frente a eventuales alteraciones del orden público. También se confirmó el refuerzo del pie de fuerza en zonas de riesgo.
Alias ‘19’, quien fue condenado a 12 años y nueve meses de prisión, calificó la decisión como “absurda” durante la audiencia virtual en la que también se ratificaron las penas contra María Marcela, Johan Steven Sainavedra Rubio y Fernando Urrea Martínez. Los cuatro fueron hallados responsables del delito de tortura agravada, luego de que se comprobara su participación en la retención y agresión de un hombre señalado por ellos de pertenecer a la Policía Nacional.
El fallo detalla que la víctima fue trasladada al campamento ubicado en un parque cercano al Portal Américas, donde le quitaron sus pertenencias, lo despojaron de su pantalón, lo ataron de pies y manos y lo amarraron a un poste. Durante más de dos horas, fue golpeado con objetos contundentes, herido con arma blanca, cubierto con pintura y rociado con gasolina, mientras se le exigía información sobre presuntos infiltrados y el paradero de otra persona.
El Tribunal sostuvo que las conductas de los acusados no correspondían al ejercicio legítimo del derecho a la protesta y que representaron una agresión deliberada. La sentencia contempla una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la pena, y una multa correspondiente a 1.270,86 salarios mínimos legales mensuales.
Los hechos juzgados se enmarcan dentro de las investigaciones que avanzan desde 2021 en relación con los actos ocurridos durante las movilizaciones nacionales. Las autoridades indicaron que continúan monitoreando posibles reacciones que puedan derivarse de la decisión judicial.
