La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) respondió oficialmente a un requerimiento de la Superintendencia de Sociedades, que solicitó información relacionada con el manejo de recursos públicos derivados del Registro de Garantías Mobiliarias. La solicitud, realizada el pasado 11 de junio, forma parte de una revisión sobre la administración de más de 18.000 millones de pesos por parte de esta entidad gremial.
Confecámaras aseguró haber entregado más de 900 páginas con información financiera y operativa, como parte de su compromiso con la transparencia. Sin embargo, también manifestó que la Superintendencia no tiene competencia legal para ejercer funciones de inspección o vigilancia sobre los recursos que administra, al tratarse de una organización de carácter privado que, según su interpretación, no está sujeta a control estatal directo en este caso. A continuación, el comunicado de opinión pública:
La controversia gira en torno a la interpretación de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 1835 de 2015, que otorgan a Confecámaras la responsabilidad de operar el Registro de Garantías Mobiliarias. La entidad sostiene que estas disposiciones no contemplan que dicha función implique supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades, lo cual ha sido reiterado en su comunicación oficial enviada el pasado 26 de junio.
Paralelamente, la Contraloría General de la República ordenó, desde octubre de 2024, considerar a Confecámaras como sujeto de control fiscal, dada la naturaleza pública de los recursos involucrados. Este pronunciamiento refuerza el debate sobre el alcance del control estatal sobre entidades privadas que, sin ser parte del sector público, administran recursos que tienen origen o destinación pública.
Mientras se espera una decisión formal por parte de la Superintendencia, el caso ha abierto un espacio de discusión en torno al fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control fiscal. La atención se centra en cómo garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, sin afectar la autonomía de los gremios empresariales.
