La oleada de violencia que las organizaciones criminales han emprendido contra los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ya han logrado el pronunciamiento de rechazo de las Naciones Unidas.
El llamado «plan pistola», ejecutado por las organizaciones criminales que pagan por la muerte de los uniformados, ya ha generado que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos realice un pronunciamiento condenando los hechos, haciendo un llamado a que se respete el Derecho Internacional Humanitario.
«Condenamos ataques dirigidos a la policía que dejan al menos 14 policías asesinados, varios heridos. Reiteramos la obligación de grupos armados no estatales de respetar los Derechos Humanos y el DIH. Nos solidarizamos con familias de las víctimas».
Las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, siembran terror en departamentos como Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Antioquia, Huila y Tolima, en muchos sitios instrumentalizan a la población para que presionen la retirada de las fuerzas armadas y consolidarse como suyas amplias regiones del país.
La mal llamada «paz total» se encamina a un rotundo fracaso con unas organizaciones criminales que han utilizado los ceses al fuego para fortalecerse y no muestran ninguna voluntad de diálogo.
La única respuesta del Gobierno es hacer llamados de condena a los ataques y la realización de consejos de seguridad que preside en ministro de Defensa, Pedro Sánchez, donde se ofrecen recompensas, pero muy pocas soluciones efectivas.
El ataque sistemático a los uniformados regresa a Colombia a los tiempos del terror ejecutados por Pablo Escobar y su cartel del narcotráfico, mientras que los uniformados y sus familias viven día a día la zozobra de sentirse amenazados y sin el respaldo del Gobierno Central que parece interesar dar más garantías a los criminales que a sus Fuerzas Armadas.
