El Concejo de Medellín realizó un debate de control político en el que expuso la situación que enfrenta la ciudad por el incremento de las violencias sexuales, especialmente contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Durante la sesión, los corporados solicitaron mayor articulación, rigor técnico y respuestas inmediatas para la protección de la infancia y la juventud, en un contexto donde la mayoría de agresores continúa siendo parte del entorno familiar de las víctimas.
La experta invitada Sandra Serrano presentó un análisis sobre los factores que están impulsando este aumento. Explicó que Medellín atraviesa un proceso acelerado de exposición a contenidos hipersexualizados en redes sociales y plataformas digitales, situación que está configurando imaginarios relacionados con la agresión y el consumo del cuerpo de mujeres y niñas. Señaló que esta exposición ha empezado a modificar comportamientos de potenciales agresores, especialmente adolescentes y jóvenes, al reproducir patrones de violencia que no eran tan frecuentes en años anteriores.
Por su parte, Laura Mejía Rico, de la Corporación Educativa Combos, entregó cifras verificadas correspondientes a 2025. Indicó que han atendido 96 víctimas, con una media mensual de 9,5 casos. Detalló que los delitos afectan a niñas, adolescentes, niños, mujeres jóvenes y población trans, e incluyen abuso sexual, acceso carnal, explotación sexual comercial y violencia sexual asociada a entornos digitales. Ambas expertas reiteraron la necesidad de una articulación judicial más efectiva, atención integral especializada disponible 24 horas y campañas institucionales con enfoque diferencial.
La concejala Leticia Orrego Pérez, primera bancada citante, presentó un análisis sobre la evolución del delito en la ciudad. Informó que entre 2024 y 2025 se registran 8.215 delitos sexuales, de los cuales 7.425 corresponden a víctimas mujeres. Señaló que en 2025 ya se han superado cifras de los últimos tres años en varios tipos penales. Indicó además que en instituciones educativas se han reportado 1.093 casos durante este año, lo que representa un reto en la identificación temprana y la intervención desde el entorno escolar. Añadió que se requieren medidas inmediatas, capacitación docente y acciones de protección reforzadas.
Orrego advirtió que los datos deben ser analizados con rigor técnico y que la ciudad necesita una articulación más clara entre Fiscalía, salud, ICBF y Policía. Insistió en que el aumento del delito exige fortalecer la prevención, ampliar las capacidades de las rutas de atención y garantizar la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes.
La concejala Brisvani Arenas, segunda bancada citante, señaló que la mayoría de agresores siguen siendo familiares o personas cercanas. Explicó que esta situación requiere intervenciones comunitarias más profundas y estrategias educativas dirigidas a familias, cuidadores y líderes locales. Agregó que el incremento de casos en niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años demanda acciones inmediatas, entre ellas educación sexual integral, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de la prevención comunitaria.
Los corporados participantes indicaron que, aunque distintas secretarías vienen ejecutando acciones, es necesario intensificarlas para mejorar la prevención. Consideraron que las víctimas requieren atención oportuna y que la ciudad debe reforzar el trabajo para frenar la trata de mujeres. También pidieron fortalecer la presencia institucional mediante procesos de formación para padres y cuidadores y afirmaron que la solución requiere trabajo conjunto entre administración, familias y víctimas.
Las intervenciones oficiales iniciaron con la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, quien presentó el componente de vigilancia epidemiológica, atención psicosocial y articulación con operadores de salud. Informó que en 2025 se han identificado 2.583 niñas, niños y adolescentes víctimas. Explicó que se adelantan acciones educativas y la integración de equipos especializados para atención inmediata y seguimiento clínico.
El secretario de Seguridad, Manuel Villa, reportó operativos, capturas y articulaciones con agencias internacionales para enfrentar redes de explotación sexual. Indicó que se han realizado más de 2.000 acciones de vigilancia y control, y que en 2024 se registraron 391 capturas por delitos sexuales. También reportó procedimientos de expulsión contra 112 extranjeros vinculados con actividades ilegales y subrayó que continúa la cooperación con entidades de Europa y Estados Unidos.
La directora del hospital, Olga Cecilia Mejía, señaló que entre 2024 y lo corrido de 2025 han atendido 320 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Explicó que los casos ingresan por urgencias, consulta externa y remisiones, y que se han fortalecido rutas internas de acompañamiento psicológico y articulación con Fiscalía e ICBF.
Desde la Personería de Medellín, Mefi Boset Rave Gómez informó sobre la concentración de casos entre jóvenes de 10 a 29 años y reiteró que los agresores suelen pertenecer al núcleo familiar. Indicó que entre 2022 y 2025 se han emitido más de mil alertas tempranas en zonas de mayor riesgo. Recomendó ajustar el sistema unificado de información, fortalecer la formación en no revictimización y ampliar el presupuesto destinado a la política pública de violencias sexuales.
