Durante una manifestación en la plaza central de Tame, Arauca, el concejal Julián Rodríguez prendió fuego a una bandera de Estados Unidos como acto de protesta contra la política exterior de ese país.
El hecho generó reacciones del Gobierno nacional y abrió un debate sobre los límites de la libertad de expresión.
En un acto que ha generado rechazo y debate en todo el país, el concejal Julián Rodríguez del municipio de Tame, Arauca, quemó públicamente una bandera de Estados Unidos durante una manifestación convocada por sectores sociales y campesinos. El hecho ocurrió el 31 de octubre en la plaza principal del municipio, en medio de una jornada de protesta contra lo que los organizadores calificaron como “intervencionismo extranjero en asuntos internos de Colombia”. El acto fue transmitido en redes sociales y provocó reacciones inmediatas de autoridades locales, nacionales y diplomáticas.
El concejal Rodríguez, conocido por su postura crítica frente a la política internacional de Estados Unidos, justificó su acción como un “gesto simbólico de rechazo al imperialismo”. En su intervención, afirmó:
“La bandera que hoy arde representa siglos de imposición, guerra y saqueo. No podemos seguir permitiendo que se metan en nuestras decisiones soberanas”.
El acto fue parte de una movilización que reunió a líderes comunales, representantes de organizaciones campesinas y ciudadanos que exigían mayor autonomía territorial y denunciaban presuntas presiones de organismos internacionales sobre decisiones ambientales y de seguridad en la región.
La Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que lamentó el incidente y reafirmó el compromiso del país con el respeto a los símbolos patrios de otras naciones:
“Colombia mantiene relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo. Actos como el ocurrido en Tame no representan la posición del Estado colombiano”.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó su preocupación y pidió garantías para la seguridad de sus ciudadanos y funcionarios en la región.
El Ministerio del Interior anunció que se abrirá una investigación para determinar si el acto del concejal constituye una falta disciplinaria o penal, especialmente por incitación al odio o alteración del orden público.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión en Colombia. Mientras algunos sectores defienden el derecho del concejal a manifestarse, otros consideran que la quema de símbolos nacionales de otro país constituye una provocación innecesaria que puede afectar las relaciones internacionales.
Expertos en derecho constitucional señalan que, aunque la quema de banderas no está tipificada como delito en Colombia, podría ser sancionada si se considera que incita a la violencia o perturba el orden público.
