El concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, cuestionó públicamente la decisión tomada por los socios de Tigo UNE en octubre de 2024 de liquidar voluntariamente a Edatel S.A. E.S.P., filial de la compañía, sin contar con autorización del Concejo de Medellín. Según el corporado, este paso debería haberse sometido al escrutinio del cabildo municipal, en cumplimiento de la normativa que rige las inversiones públicas.
Rodríguez explicó que, tras la aprobación en agosto de 2024 de la enajenación de la participación accionaria de Empresas Públicas de Medellín, EPM, en Tigo UNE e Invertelco, los accionistas de la operadora avanzaron en la disolución de Edatel sin consultar nuevamente al Concejo. Para el concejal, este procedimiento debió incluir una autorización expresa, dado que Edatel es una sociedad domiciliada en Colombia y forma parte de las inversiones de EPM, patrimonio público sujeto a control político y legal.
Advertencias legales y riesgos financieros
El caso ha generado controversia entre actores políticos y jurídicos de la ciudad. El abogado Esteban Manco, quien interpuso una acción popular al respecto, advirtió sobre las consecuencias financieras que podría acarrear la desaparición de Edatel. Según sus estimaciones, la liquidación podría reducir significativamente el valor de las acciones de Tigo UNE, depreciándolas de una cifra cercana a los 2,8 billones de pesos a menos de un billón. Tal escenario representaría un riesgo para el patrimonio público de Medellín.
Desde el punto de vista normativo, la Ley 226 de 1995 establece que la enajenación o disposición de inversiones del Estado en sociedades domiciliadas en Colombia debe contar con la aprobación del concejo municipal o distrital correspondiente. En este sentido, tanto Rodríguez como Manco coinciden en que la decisión sobre Edatel debió pasar por el Concejo de Medellín, como ocurrió previamente con la venta de acciones de EPM en Tigo UNE.
Falta de autorización y seguimiento de los entes de control
Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia pública de que los socios de Tigo UNE hayan solicitado o recibido autorización por parte del cabildo para proceder con la liquidación de Edatel. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento, así como a llamados a las autoridades de control para que revisen el proceso en detalle.
Cabe recordar que la aprobación para la venta de las acciones de EPM en Tigo UNE fue otorgada por el Concejo en medio de fuertes debates sobre el futuro de las telecomunicaciones públicas y la sostenibilidad del conglomerado. Este proceso ha sido objeto de seguimiento por parte de la Contraloría Distrital, con el fin de evitar posibles detrimentos patrimoniales.
Para Rodríguez, es fundamental que se respete el marco jurídico vigente y se garantice la transparencia en la toma de decisiones que involucren recursos públicos. “No se trata solo de una formalidad. Se trata de defender el patrimonio de la ciudad y asegurar que cada paso en estos procesos se dé bajo la legalidad”, afirmó el concejal.
La discusión permanece abierta, y se espera que el Concejo y los organismos de control se pronuncien sobre si efectivamente se vulneró el procedimiento legal con la liquidación de Edatel. Mientras tanto, voces como la de Rodríguez continúan exigiendo claridad y cumplimiento estricto de la ley.
