El concejal de Medellín Alejandro de Bedout Arango radicó este 2 de febrero una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, solicitando la apertura inmediata de una indagación previa por una presunta extralimitación de funciones en asuntos de seguridad del Estado.
De acuerdo con el documento presentado, la actuación de la congresista no sería una simple diferencia política, sino una conducta que, según el quejoso, constituye una “incursión flagrante e ilegítima del Poder Legislativo en el núcleo esencial de la seguridad del Estado”, lo que —advierte— habría puesto en riesgo la integridad de la Fuerza Pública y el orden público nacional.
En la queja se citan investigaciones periodísticas de un medio de comunicación nacionao, según las cuales la senadora habría exigido a la Policía Nacional información sensible relacionada con operativos contra la minería ilegal en Antioquia.
Entre esos requerimientos estarían “los insumos de información previa y las fuentes que motivaron operativos”, datos que, según el concejal, están cobijados por reserva legal incluso frente a congresistas.
El documento también señala que Zuleta habría solicitado la “individualización nominal, grados y dependencias” de funcionarios que operaban en municipios como Buriticá, Yalí y Remedios, zonas con fuerte presencia de estructuras criminales. Para el denunciante, este tipo de exigencias “actúa como un mecanismo de exposición que vulnera la seguridad de los agentes” frente a grupos armados ilegales.
Según la queja, existen testimonios de oficiales que indican que las presiones ejercidas por la senadora habrían derivado en la parálisis de operativos y en la filtración de movimientos tácticos en municipios del Bajo Cauca antioqueño, como Caucasia. Esto, afirma el documento, habría permitido que algunos criminales evadieran la acción de la Fuerza Pública.
En el apartado jurídico, el concejal sostiene que la conducta podría configurar una posible extralimitación de funciones, al invadir competencias propias de la Rama Ejecutiva y del mando operativo, ya que “exigir coordenadas GPS y planes de operaciones en curso constituye una interferencia administrativa arbitraria”.
Junto con la queja, Alejandro de Bedout agregó un pronunciamiento público en el que afirmó: “He radicado queja formal ante la Procuraduría contra la senadora Isabel Zuleta. Acabamos de solicitar la apertura inmediata de una indagación previa por una presunta ‘incursión flagrante e ilegítima’ del Legislativo en la seguridad del Estado”.
El concejal añadió que existiría una posible extralimitación de funciones y abuso de investidura al exigir información de inteligencia reservada, como “coordenadas GPS y fuentes de operativos contra la minería ilegal en Antioquia”, lo que, según él, “habría puesto en riesgo la vida de nuestros uniformados”, acorde a lo denunciado por la revista Semana.
Finalmente, De Bedout confirmó que también se solicitó la suspensión provisional de la senadora mientras avanza la investigación disciplinaria. Según explicó, ante “el peligro inminente de nuevas filtraciones que favorezcan a estructuras criminales”, se pidió al Ministerio Público apartarla temporalmente de su curul por una presunta violación de la reserva legal y del orden público.
