El concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, cuestionó los recursos invertidos por el Gobierno Nacional en el denominado “proceso de paz urbana” con grupos criminales del Valle de Aburrá. Según el cabildante, a través del Fondo Paz – OCCP se habrían destinado más de $1.855 millones para financiar el llamado “Espacio de Conversación Socio Jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”, iniciado el 29 de mayo de 2023.
De acuerdo con De Bedout, “mientras los ciudadanos honestos viven con miedo, los comerciantes pagan extorsiones y los jóvenes siguen siendo reclutados por combos, el Gobierno Nacional ha despilfarrado más de $1.855 millones de pesos en un supuesto ‘proceso de paz urbana’ con los mismos grupos criminales que tienen sometida a Medellín”.
El concejal precisó que, según la información oficial del Fondo Paz, los gastos reportados para Medellín ascienden a $962 millones en honorarios, $56 millones en viáticos, $107 millones en tiquetes aéreos, $206 millones en logística y $521 millones en participación de la sociedad civil, lo que totaliza $1.855.154.825.
De Bedout agregó que estos recursos provienen de un Fondo de Paz que, al 31 de agosto, ya superaba los $84.816 millones de pesos, y señaló que dichos recursos deberían destinarse a proteger la vida de los ciudadanos. “Un fondo que debería servir para proteger vidas, pero que hoy se gasta financiando conversaciones sin rumbo con estructuras criminales que siguen delinquiendo a la vista de todos. No hay desarme, no hay sometimiento, no hay justicia. Lo que sí hay es plata pública puesta al servicio de quienes tanto daño le hacen al país”, afirmó.
El concejal también criticó que se destinen recursos públicos para cubrir los costos de desplazamientos y asesorías en el marco del proceso. “Se sientan con los victimarios, les pagan los viajes, los tiquetes, los viáticos y las asesorías, mientras las verdaderas víctimas siguen esperando respuestas y justicia”, señaló.
De Bedout calificó esta situación como una “claudicación política y moral ante el crimen organizado”, y aseguró que la ciudad requiere acciones concretas de autoridad. “Medellín no necesita mesas con bandidos financiadas con el dinero de todos; necesita autoridad, justicia y oportunidades reales para los jóvenes que hoy la criminalidad recluta”, concluyó.
