Quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública, a un defensor de derechos humanos, a un menor de edad o a un periodista podrá recibir la pena más alta que contempla la ley colombiana para este delito: hasta 58,3 años de prisión.
Así lo establece la Ley de Seguridad Ciudadana, sancionada este martes por el Presidente Iván Duque, en un acto que se llevó a cabo en la Casa de Nariño y que contó con la participación de los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Justicia, Wilson Ruiz, así como de congresistas, altos mandos de la Fuerza Pública y otros funcionarios del Gobierno Nacional.
La norma brinda a las autoridades los instrumentos jurídicos y recursos económicos necesarios para contrarrestar la delincuencia, especialmente en las ciudades del país.
La Ley de Seguridad Ciudadana, cuya aprobación fue impulsada en el Congreso de la República por los Ministerios de Justicia y del Derecho, del Interior y de Defensa, contiene reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Código de Extinción de Dominio.
Así mismo, establece la regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales, al igual que la sostenibilidad del Registro de Identificación Balística.
Según el Ministro del Interior, Daniel Palacios, “esta iniciativa piensa en el ciudadano de a pie, el ciudadano que sale a coger Transmilenio, el ciudadano que sale a coger un bus público para desplazarse a su casa o trabajo, el ciudadano al que le roban el celular, el ciudadano que todos los días es víctima de un delito, brindando mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”.
En este sentido, agregó que la Ley “pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle”.
