La Cancillería de Colombia anunció este miércoles 28 de mayo que adelanta gestiones para garantizar el respeto de los derechos procesales de más de 18 ciudadanos colombianos que permanecen privados de la libertad en territorio venezolano, principalmente en la cárcel El Rodeo, a las afueras de Caracas.
Algunos de ellos enfrentan acusaciones por presuntas actividades en contra del régimen de Nicolás Maduro, así como por delitos relacionados con porte de armas y mercenarismo.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo, explicó que el gobierno colombiano mantiene contacto directo con las autoridades venezolanas para tratar la situación jurídica de los connacionales detenidos. En una entrevista reciente, el funcionario afirmó que, en ciertos casos, se contempla la posibilidad de solicitar su liberación.
“Nosotros nos hemos comprometido con los familiares a plantearles todos los escenarios posibles, incluso en términos de instancias internacionales, para acompañarlos y estar con ellos en el camino que ellos decidan”, declaró Jaramillo.
La Cancillería indicó que se ha priorizado el acompañamiento a los familiares de los detenidos y la evaluación de mecanismos legales y diplomáticos que puedan ser aplicados para su defensa. Según explicó el viceministro, el compromiso del gobierno es velar porque se cumplan todas las garantías procesales y, en los casos en que proceda, se exigirá formalmente la liberación de los colombianos.
“Nosotros, como Cancillería, estamos comprometidos a que a todas estas personas les sean respetadas las garantías y los derechos procesales, y en los casos donde aplique, vamos a empezar a exigir su liberación”, agregó el funcionario.
La prisión de El Rodeo, donde están recluidos la mayoría de los detenidos, es conocida por albergar a personas acusadas de delitos considerados graves en Venezuela. Hasta el momento, no se han divulgado detalles específicos sobre las pruebas que sustenten las imputaciones contra los ciudadanos colombianos.
Familiares de los detenidos han expresado su preocupación ante la situación legal de sus seres queridos y han solicitado al gobierno nacional apoyo para garantizar un proceso justo. Frente a ello, la Cancillería reiteró su disposición a continuar explorando todas las vías institucionales y diplomáticas para proteger sus derechos, sin descartar la intervención de organismos internacionales en caso de ser necesario.
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