El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó este lunes su “profunda preocupación y enérgico rechazo” frente a la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra Iván Velásquez, actual embajador designado ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Ambos fueron señalados por su actuación en la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Cancillería calificó la acción como un “atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”, asegurando que carece de sustento jurídico y se aparta de los estándares del derecho internacional. En un comunicado oficial, el Gobierno colombiano advirtió que esta medida no solo representa “una grave desviación”, sino que también “vulnera derechos humanos fundamentales”.
Desde sus redes sociales, la canciller Laura Sarabia respaldó el pronunciamiento institucional y reiteró: “Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos enérgicamente la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Esta acción, sin sustento jurídico, vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional y representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional».
El pronunciamiento oficial también subraya que los mecanismos de cooperación judicial internacional exigen “una base probatoria sólida y procedimientos transparentes”, condiciones que “claramente no se cumplen en este caso”.
En respuesta a lo sucedido, el Gobierno colombiano activó canales diplomáticos con el fin de manifestar formalmente su rechazo ante las autoridades guatemaltecas. Además, reafirmó su compromiso con “el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados”.
No obstante, el comunicado advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados “como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad”.
Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer este hecho como parte de “una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales”, lo cual —según la Cancillería— va en contravía del espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe regir las relaciones entre Estados.
