El reciente pronunciamiento de la Unión Sindical Obrera (USO) ha encendido las alarmas en el país tras denunciar la intención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de aplicar un IVA adicional del 19% a la importación de combustibles. Según el gremio, esta medida permitiría al Gobierno recaudar una suma cercana a los 22 billones de pesos, equivalente a lo que se esperaba obtener con la reforma tributaria que no prosperó en el Congreso.
La denuncia ha generado un amplio debate público y preocupación en distintos sectores, ante la posibilidad de que este costo adicional sea trasladado al consumidor final. De confirmarse, los precios de los combustibles podrían registrar un aumento significativo, afectando no solo a los conductores sino a toda la cadena económica del país.
En medio de la controversia, la DIAN y Ecopetrol trabajan en la preparación de un comunicado conjunto para aclarar la situación. Hasta el momento no se ha emitido una postura oficial, pero la expectativa crece frente a la posibilidad de que la petrolera estatal traslade el valor de este impuesto al precio de venta de los combustibles. Algunos expertos advierten que, de implementarse esta medida, el precio promedio de la gasolina pasaría de los actuales $16.000 pesos por galón a cerca de $20.000 pesos, un incremento que tendría efectos directos sobre la economía nacional.
Un impacto directo sobre el bolsillo y la inflación
La posibilidad de un aumento en el precio de los combustibles no solo afecta a los consumidores directos. Diversos analistas señalan que esta alza tendría repercusiones en la inflación, al encarecer el transporte de bienes y servicios y elevar los costos de producción. Esto, a su vez, impactaría en el precio de la canasta familiar y en la competitividad de diversos sectores productivos.
La medida, según algunos observadores, podría interpretarse como una vía alterna del Gobierno para alcanzar los objetivos fiscales de la reforma tributaria que fue archivada. Sin embargo, esta estrategia recaudatoria plantea retos importantes, especialmente en un contexto económico en el que los colombianos enfrentan ya incrementos sostenidos en los precios y una presión sobre su poder adquisitivo.
Mientras se espera el pronunciamiento oficial de las entidades involucradas, sectores sindicales y económicos han expresado su preocupación por el posible traslado de este impuesto al consumidor final. La discusión también ha llegado al ámbito político, donde algunos congresistas han cuestionado la transparencia y pertinencia de una medida de este tipo sin un debate previo en el Legislativo.
El tema continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días la DIAN y Ecopetrol aclaren si efectivamente se implementará este cobro de IVA y cuál será su impacto real sobre los precios de los combustibles. Entre tanto, crece la incertidumbre sobre los efectos que tendría una decisión de este tipo en la economía colombiana y en el bolsillo de millones de ciudadanos.
