Colombia informó que instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a asumir su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en medio de la creciente tensión por la situación en Venezuela tras la incursión militar de Estados Unidos en ese país.
El llamado fue realizado por la embajadora colombiana ante la ONU, Leonor Zalabata, durante una sesión extraordinaria del organismo celebrada para analizar los acontecimientos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en territorio venezolano.
En su intervención, la diplomática subrayó que la búsqueda de la paz, el respeto al Derecho Internacional y la protección de la vida y los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier acción unilateral.
Zalabata reiteró la disposición de Colombia a contribuir a una salida diplomática a la crisis y puso a disposición del Consejo los “buenos oficios” del país para facilitar el diálogo entre las partes.
“Colombia reitera su firme convicción de trabajar incansablemente bajo estos principios”, afirmó, y luego insistió en la necesidad de una solución política liderada por los propios venezolanos.
La sesión del Consejo de Seguridad fue convocada luego de que el presidente Gustavo Petro propusiera el debate a través de su cuenta de X, en un contexto en el que Colombia asumió recientemente como miembro no permanente del organismo, con voz y voto. En el encuentro participó el pleno del Consejo, que evaluó el impacto regional e internacional de la operación militar estadounidense en Venezuela.
Durante su exposición, la Embajadora colombiana agradeció al secretario general de la ONU, António Guterres, por ofrecer sus buenos oficios y activar los canales de mediación disponibles. Destacó la importancia de facilitar el diálogo entre los actores involucrados y de brindar asistencia a la población venezolana que lo requiera.
El país también condenó de manera expresa los hechos ocurridos en Venezuela, al considerar que constituyen violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial del país.
Zalabata sostuvo que no existe justificación alguna para el uso unilateral de la fuerza ni para actos de agresión, y advirtió que estas acciones representan una grave transgresión del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.
En ese sentido, señaló que principios como la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía estatal y la protección de la población civil no son opcionales, sino obligaciones compartidas de la comunidad internacional. “La defensa de estos principios no es una opción, sino una obligación común para preservar la paz y la seguridad internacional”, declaró.
La Embajadora finalmente también cuestionó el rol del Consejo de Seguridad frente a escenarios en los que un Estado, incluso uno con membresía permanente, desconoce el orden internacional acordado. Planteó interrogantes sobre el riesgo de que prevalezcan los intereses del más fuerte por encima del multilateralismo y los consensos construidos mediante la diplomacia.
