El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó el inicio del proceso de deportación de ciudadanos colombianos actualmente recluidos en cárceles de Ecuador.
La medida fue informada oficialmente por el gobierno de ese país, que comunicó su intención de expulsar a los connacionales como parte de una estrategia para atender la situación penitenciaria interna.
Según el comunicado emitido por la Cancillería colombiana están activos los canales diplomáticos para coordinar el procedimiento de retorno de los detenidos. Las autoridades aseguraron que este se llevará a cabo bajo condiciones que garanticen el respeto de los derechos y la integridad de las personas que serán trasladadas al país.
El proceso fue solicitado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien había planteado la medida desde febrero de 2024. En ese momento, se propuso que Colombia asumiera la responsabilidad de aproximadamente 1.500 connacionales procesados o condenados por diversos delitos en el sistema penitenciario ecuatoriano.
La deportación se realizaría en aplicación de una ley aprobada en junio de 2025 en Ecuador, la cual habilita la expulsión de extranjeros privados de la libertad y les impone una restricción de ingreso al país por 40 años.
Aunque la Cancillería no entregó una cifra precisa, fuentes diplomáticas han estimado que serían cerca de 800 los colombianos que retornarían en una primera fase del procedimiento.
Entre los delitos por los cuales estas personas se encuentran privadas de la libertad se encuentran narcotráfico, tráfico de armas, abuso sexual, secuestro, hurto y terrorismo. Muchos de ellos no habrían cumplido la mitad de sus respectivas condenas, por lo que su situación jurídica tendrá que ser evaluada conforme al marco normativo colombiano una vez sean repatriados.
El Ministerio también indicó que se trabaja en el diseño de un procedimiento bilateral que permita garantizar parámetros de seguridad, orden y condiciones logísticas para los traslados. En su pronunciamiento, la Cancillería sostuvo que esta medida hace parte de las acciones del Gobierno nacional para atender a los migrantes colombianos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el exterior.
