Colombia ha iniciado una «misión diplomática» para evitar que Estados Unidos le retire la certificación en la lucha contra el narcotráfico, en un contexto de récords en los cultivos de hoja de coca y producción de cocaína. Esta estrategia es liderada por la canciller Laura Sarabia, y busca garantizar la continuidad de la cooperación económica estadounidense en esta materia.
El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, informó sobre la ofensiva diplomática en una entrevista reciente, señalando que se han hecho esfuerzos para explicar las acciones que el país adelanta en contra del narcotráfico.
“Estamos haciendo una ofensiva diplomática, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, estamos explicando varias cosas”, afirmó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá que tomar una decisión antes del 15 de septiembre sobre la renovación de la certificación para Colombia. En caso de perderla, el país dejaría de recibir millones de dólares en cooperación para combatir el narcotráfico, una situación que no se ha presentado desde hace casi tres décadas.
García-Peña destacó la importancia de esta certificación para la relación bilateral y la seguridad de ambas naciones. “Debe mantenerse y la idea es seguir trabajando como lo hemos hecho durante muchos años (…) El trabajo de Colombia hace que Estados Unidos sea más fuerte, más seguro, más próspero”, expresó el embajador.
El contexto en el que se desarrolla esta misión diplomática está marcado por un incremento en la producción de cocaína. En 2023, Colombia registró una producción récord de 2.600 toneladas anuales, junto con un aumento del 10% en los cultivos de hoja de coca, según datos de la ONU. A esto se suma la crisis de seguridad derivada del accionar de grupos armados ilegales financiados por el narcotráfico.
El enfoque de la administración del presidente Gustavo Petro ha generado debate sobre los métodos empleados en la lucha contra las drogas. Mientras que tradicionalmente el éxito en esta materia se ha medido por la reducción de cultivos ilícitos, el gobierno actual ha priorizado las incautaciones de cocaína procesada.
“Lo que hemos entendido es que lo que duele al narcotráfico son las incautaciones de la cocaína procesada que está en camino a los Estados Unidos y otros mercados”, indicó García-Peña.
Las preocupaciones sobre el retiro de la certificación aumentan ante las recientes decisiones de la administración Trump en materia comercial. La imposición de aranceles a México y Canadá por no frenar el tráfico de fentanilo y precursores químicos ha encendido las alarmas sobre posibles medidas similares contra Colombia.
En enero, una disputa entre Trump y Petro sobre políticas migratorias llevó a una crisis diplomática momentánea, durante la cual ambas naciones impusieron aranceles mutuos por algunas horas.
La última vez que Estados Unidos retiró la certificación a Colombia fue entre 1996 y 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, en medio de acusaciones de financiamiento ilegal por parte del Cartel de Cali, que nunca fueron comprobadas.
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