El Gobierno de Colombia anunció que solicitará la anulación de un fallo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el cual ordena al país pagar la cuantiosa suma de $380 millones a la empresa española Telefónica.
El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Mauricio Lizcano, manifestó la intención del gobierno de impugnar la decisión, calificando el fallo del Ciadi como “muy extraño” y resaltando que, según su análisis, la resolución sigue siendo discutible.
Lizcano explicó que la anulación puede solicitarse en un plazo de 120 días ante la misma corte del Ciadi, un procedimiento que ya está en curso bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
“Nosotros tenemos la teoría desde el Ministerio de que ese es un fallo que se puede pedir la anulación”, indicó Lizcano en una reciente entrevista, aunque reconoció que los motivos para anular un laudo son altamente específicos y limitados.
Una disputa con raíces en 2018
El conflicto legal se remonta al 2 de febrero de 2018, cuando Telefónica interpuso el procedimiento de arbitraje internacional alegando que varias decisiones adoptadas por las autoridades colombianas afectaron sus operaciones en el país, relacionadas con la empresa Colombia Telecomunicaciones.
Telefónica argumentó que la administración pública colombiana aplicó medidas que impactaron la reversión de activos de telecomunicaciones, lo cual llevó a la empresa a desembolsar cerca de $380 millones en 2017.
El fallo emitido por el Ciadi el pasado 12 de noviembre respaldó las quejas de Telefónica, al señalar que Colombia no brindó un trato «justo y equitativo» a las inversiones de la compañía. Además de los $380 millones, el tribunal ordenó al país el pago de intereses compuestos del 5% y los honorarios legales de la empresa demandante.
Para el ministro Lizcano, la defensa del caso y la búsqueda de la anulación del fallo no solo es una cuestión de ahorro económico para el país, sino de defensa de los principios de la administración pública.
“No voy a ser yo quien haga esa demanda. La defensa jurídica del Estado será la encargada de evaluar los argumentos y, si es procedente, solicitar la anulación. El Gobierno ha solicitado a los abogados defensores que den la última pelea para proteger los intereses de Colombia”, añadió Lizcano.
Con el fallo aún sin ejecutarse, el Gobierno se enfrenta al desafío de mantener su imagen de seguridad jurídica ante la comunidad internacional, mientras lucha por un veredicto que, según su análisis, no solo afecta sus finanzas sino su soberanía jurídica.
